El próximo martes, 29 de enero, habrá audiencia en el Consejo de Estado para definir la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre.
Como se recordará, el caso contra el Congresista vallecaucano, tiene que ver con una queja interpuesta por un ciudadano -Jorge Enrique Ruiz -, quien alega que Barreras habría incurrido en supuesto tráfico de influencias para que se entregara a una iglesia cristiana – Misional Carismática, de Cali- un inmueble incautado al narcotráfico por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
Barreras ha reiterado que no tiene nada que ver con la DNE y que no hizo ningún trámite ante la entidad a favor de los pastores a quienes les fue entregada la propiedad en cuestión.
El demandante, tiene entre sus soportes un video de la entrega del inmueble a la iglesia, en el que el Congresista aparece junto al entonces presidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, Roy Barreras argumenta que su aparición en el video se debe a que la entrega se dio durante un consejo comunitario de gobierno, y él, como muchos otros congresistas, acudió al evento por invitación de la Presidencia de la República.
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La Personería de Cali profirió fallos contra cuatro altos funcionarios de la administración del ex alcalde Jorge Iván Ospina.
El ente de control local profirió fallo de primera instancia contra Elmer Fabio García, entonces secretario encargado de Infraestructura Vial, por exonerar del pago de la valorización a un predio de propiedad de la base aérea, sin tener competencia para esto.
El otro sancionado es Carlos Alberto Rojas, entonces secretario de Cultura y Turismo, por la no publicación de un contrato en la gaceta oficial, lo que según la Personería viola lo establecido en el Estatuto de Contratación.
Argemiro Cortés también está entre los miembros del gobierno anterior sancionados por la Personería de Cali…
Cortés fue sancionado porque, según el ente de control, no cumplió sus funciones de interventor y permitió el pago de los servicios públicos del Teatro Jorge Isaacs por parte de la Secretaría de Cultura, de 2008 a 2010, por más de $200 millones, siendo ésta una obligación de la administración del teatro.
Efraín Sierra Delgadillo, director del Dagma en el pasado gobierno, es el otro sancionado; según la Personería, no constituyó una cuenta en una fiducia para el manejo del anticipo de un contrato de obra pública por valor superior a $2.000 millones, lo cual lo exige la ley.
La sanción para García es de tres meses de suspensión, la de Rojas de dos meses, la de Cortés de cuatro meses y la de Sierra de dos. Salvo Argemiro, que es asesor del Ministerio de Cultura y tendría que cumplir la suspensión, si estas sanciones son ratificadas, los demás deberán pagar una multa, pues no ocupan cargos públicos.
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