Cali, noviembre 7 de 2026. Actualizado: sábado, noviembre 7, 2026 10:49
Un llamado al gobierno nacional hizo la Defensoría del Pueblo para que tome acciones ante grave situación de seguridad que se afronta en el departamento del Cauca.
Además, la entidad enfatizó que el MININTERIOR debe apoyar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida con el fin de evaluar las amenazas.
En carta enviada por el defensor del pueblo, Carlos Camargo, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le insiste en la convocatoria de carácter extraordinario y presencial de una sesión de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de abordar la grave situación de riesgos y amenazas a la que están expuestas las comunidades en el norte del Cauca.
Camargo destacó que con la suspensión del cese al fuego bilateral en ese lugar del país, se incrementaría la instalación de campos minados, el reclutamiento forzado, mayor instrumentalización de la población civil por parte de organizaciones armadas al margen de la ley entre otros hechos, especialmente, en 13 municipios de esa zona del departamento que necesitan que se implementen decisiones y acciones de fondo.
El Defensor manifestó que “los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”.
Como se recordará, en el 2023 la Defensoría emitió para el norte del departamento tres alertas tempranas por el accionar de grupos armados como el Bloque Occidental Jacobo Arenas, que se dio tras el cese al fuego bilateral entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.
En lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en todo el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento, mientras que el año pasado se reportaron 153 niños y adolescentes indígenas que fueron reclutados o sufrieron amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca.
Camargo alertó que “también es importante tener en cuenta los efectos de la suspensión del cese al fuego, toda vez es posible que se incremente la instalación de campos minados, homicidios, reclutamiento forzado, una mayor instrumentación de la población civil para que los actores armados al margen de la ley puedan evadir la misión en terreno de la fuerza pública”.
La Defensoría expresó la preocupación de la población civil por las formas de regulación de la vida social, económica, cultural y política, que mediante el uso de la fuerza y otras acciones de control, vienen adelantando el Estado Mayor Central, el ELN y bandas criminales.
Así mismo, indicó que el permanente confinamiento en el que se encuentran las comunidades de las zonas rurales se debe a la gobernanza criminal, que controla la vida social, económica y comunitaria por lo que Camargo indicó que “esto ha llevado a una mayor resistencia ejercida por las autoridades indígenas, líderes afros y campesinos, pero lamentablemente han sido fuertemente atacados”.
Por otra parte, las autoridades denunciaron que este martes las disidencias de las Farc instalaron un retén y hurtaron la camioneta de un notario, en la vía que conecta los departamentos de Cauca y Huila.
Según los organismos del orden, en el sector de Guadualejo, municipio de Páez, integrantes de la columna Dagoberto Ramos se hurtaron la camioneta del notario de Los Andes, Nariño, Jorge Martínez y detuvieron varios vehículos entre ellos una ambulancia.
El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, dijo que “de manera inmediata desplegamos un personal para atender este requerimiento. Este es un fenómeno que se ha venido disminuyendo, pero sigue existiendo la presencia de estas estructuras, queriendo generar controles territoriales y hacer presencia sobre las vías”.
Los transportadores y usuarios de la vía denunciaron que son permanentes los retenes ilegales instalados por dicho grupo armado al margen de la ley, en el que son sometidos a cobros para poder circular, y en algunas oportunidades, los vehículos son hurtados.
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