Cali, noviembre 14 de 2026. Actualizado: viernes, noviembre 13, 2026 23:00
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre la persistencia del reclutamiento infantil en Colombia, enfatizando la falta de denuncias al respecto.
Según los datos proporcionados por este ente de control, durante el año 2023 fueron atendidos 196 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales y víctimas de reclutamiento.
Este número, sin embargo, podría ser solo la punta del iceberg, ya que se estima que hay muchos más casos debido al desplazamiento forzado y las amenazas que enfrentan las familias.
La preocupación principal recae en los menores de entre 13 y 17 años, quienes son considerados especialmente vulnerables en el contexto del conflicto armado colombiano.
Los departamentos más afectados por esta problemática son Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander.
Estas regiones fueron identificadas como puntos críticos donde el reclutamiento infantil se arraigó con mayor fuerza.
El llamado de atención de la Procuraduría coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha que busca concienciar sobre el reclutamiento y el uso de niños en conflictos armados.
En este contexto, el Ministerio Público insitió a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas inmediatas para priorizar y prevenir este flagelo, especialmente en ciudades intermedias como Popayán, Tumaco, Ituango, Florencia y Arauca.
Los datos revelados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, mostró que la mayoría de los menores desvinculados de grupos armados pertenecen a Grupos Armados Organizados, GAO; Grupos Delictivos Organizados, GDO; Ejército de Liberación Nacional, ELN, y Clan del Golfo, AGC.
Estas cifras reflejan la gravedad de la situación y la diversidad de actores involucrados en el reclutamiento infantil en el país.
A pesar de los esfuerzos por abordar esta problemática, la Procuraduría señaló un subregistro en las cifras debido al silencio de las familias y las propias víctimas.
El temor al desplazamiento forzado y las amenazas por parte de los grupos armados dificultan la denuncia y la identificación de casos adicionales.
En este sentido, se hace un llamado a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual, CIPRUNNA, para que implementen estrategias más eficaces y acaten las recomendaciones hechas por la Procuraduría en la Directiva 10 de 2021.
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