La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de eliminar las multas a quienes porten drogas para uso personal amerita un análisis desapasionado del tema.

Hay que reconocer que este decreto, que derogó una medida anterior que establecía sanciones administrativas para el porte de dosis mínimas de droga, apunta a abordar un problema complejo desde una perspectiva más sensata.

Hay que reconocer también que la persecución del consumidor no ha sido ni será la solución a la problemática de las drogas.

Además, Colombia, sumida en una situación de seguridad crítica, no puede permitirse desviar recursos policiales hacia la persecución de individuos con dosis mínimas.

Esta desviación representa una apertura para que la delincuencia opere libremente en otros ámbitos, incrementando la inseguridad ciudadana.

El verdadero meollo del asunto reside en desmantelar la cadena de producción y distribución de drogas ilícitas. El Estado debe fortalecer su accionar contra el cultivo, la producción y la venta de sustancias ilegales en el que históricamente ha flaqueado, a lo que se suma que los llamados “ceses bilaterales” del actual gobierno han permitido que grupos criminales operen sin obstáculos en zonas de producción.

La lucha contra la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico son problemas conexos, pero no son lo mismo. En cuanto a lo primero, es vital aprender de experiencias exitosas en otros países.

El enfoque en la prevención, tratamiento y reducción de daños, más que en castigos punitivos, ha mostrado resultados positivos en naciones como Portugal y Países Bajos. Estas naciones han priorizado la salud pública sobre la criminalización del consumidor.

Pero, igualmente, es fundamental que el gobierno de Petro adopte un enfoque de lucha integral contra el narcotráfico, y esto implica revisar medidas, como las tomadas con las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales dedicados a esta actividad, que se benefician del repliegue de la fuerza pública.

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