Esta semana dejó cicatrices profundas en la ilusoria idea de una paz total en nuestro país.

Dos eventos revelan la vulnerabilidad del gobierno frente a los grupos ilegales: el secuestro del padre de Luis Díaz por el ELN y la expulsión del Ejército del Plateado, orquestada por las comunidades bajo presión de las disidencias de las FARC.

Estos eventos reflejan la triste realidad de que el control territorial parece deslizarse lentamente de las manos del Estado hacia las de la ilegalidad.

Lo que se vislumbra detrás de estos grupos armados no es una lucha ideológica, sino un juego de intereses económicos. Utilizan las negociaciones como una fachada para fortalecerse, no como un camino hacia la paz duradera.

Colombia no puede permitirse retroceder, ni puede seguir cediendo terreno ante la ilegalidad.

El control territorial en manos equivocadas afecta a nuestras comunidades. No podemos permitir que se privilegie a unos pocos delincuentes sobre los 42 millones de colombianos que anhelan vivir en paz y prosperidad.

Es imperativo que el gobierno reafirme su compromiso con la seguridad nacional y brinde el apoyo necesario a las fuerzas militares y de policía.

Restarles herramientas en este momento crítico equivale a abandonar a nuestra gente en la línea de fuego. La comunidad no debe convertirse en rehén de la política y las ambiciones ilegítimas de unos pocos.

Colombia está entre la espada y la pared, pero no podemos permitirnos flaquear en nuestra determinación de mantener la legalidad y la seguridad como pilares fundamentales de nuestra nación. La paz verdadera no se logra cediendo ante la ilegalidad, sino enfrentándola con determinación y valentía.

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