Si la violenta irrupción de un grupo de indígenas en la sede de la revista Semana, en Bogotá, es un hecho grave, y resulta aún más preocupante la respuesta del gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, que no fue capaz de condenar de manera clara y contundente el hecho, y buscó justificaciones para lo injustificable.

Los ataques contra la libertad de prensa deben condenarse y punto, cométalos quien los cometa y sea cual sea el medio de comunicación y/o el periodista afectado.

Ni la ideología ni la simpatía o la antipatía pueden llevar a la justificación de algo tan peligroso para una sociedad democrática.

La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier país libre, pues los medios de comunicación cumplen un papel clave en la fiscalización del poder, la exposición de la corrupción y la promoción de un debate público informado. En ese sentido, cualquier amenaza o ataque a esta libertad pone en riesgo la salud de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La importancia de la libertad de prensa radica en garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información veraz, diversa y crítica; además, la pluralidad de opiniones es esencial para un debate público saludable.

Cuando un gobierno intimida a un medio o un periodista o cuando ese mismo gobierno difunde discursos de odio contra la prensa que lo cuestiona, rompe un principio democrático.

Por todo lo anterior, y ante la falta de contundencia del gobierno nacional en la condena pública de la toma de la sede de Semana, es necesario que las autoridades judiciales actúen para que este hecho no quede impune y sentar así un precedente, pero sobre todo es fundamental que haya sanción social, que sean los ciudadanos los que defiendan la libertad de prensa, porque es su derecho a la información veraz el que está en juego.

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