Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia en Cali estarían envueltos en un caso de corrupción al exigir requisitos no contemplados en la ley para poder así pedir dádivas a cambio de no cerrar establecimientos de comercio.

Este caso ha sido denunciado desde hace dos meses por el concejal Juan Martín Bravo, quien posee pruebas en audio, con más de una hora de duración, que comprometen a un inspector de la Policía.

Esta evidencia contiene una conversación entre el inspector y un individuo que supuestamente le hace entrega de un dinero para evitar así el cierre de su establecimiento.

En una parte del audio se puede escuchar que el inspector de policía le dice al ciudadano “en esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; más adelante, el inspector afirma que “por plata baila el perro”.

Este no sería el único caso que conoce el concejal Bravo, quien realiza un llamado a los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería para que realicen las investigaciones pertinentes por estos presuntos hechos de corrupción.

Muchas quejas

“Hemos recibido múltiples denuncias sobre inspectores de policía que llegan a los comercios a coaccionar a sus propietarios solicitando, por ejemplo, documentación por fuera de su competencia, como licencias de construcción; en algunos casos, piden dádivas a cambio de no cerrar el establecimiento y mantenerlo ‘a salvo’ de las autoridades. Quienes se niegan a esta petición, son sancionados con multas o cierres definitivos”, explicó Bravo.

Según denuncias ciudadanas, este no es un caso aislado, sino que pertenece a una práctica sistemática que ocurre en dicha secretaría.

En el audio que se tiene como evidencia frente a esta denuncia, la persona que le habla al inspector le asegura que “ahí le dejo para la gaseosa”, dándose a entender que accedió al soborno.

El concejal Bravo recordó que los comerciantes afectados por este comportamiento contrario a la ley deben ponerlo en conocimiento de las autoridades, y añadió que deja constancia “ante la opinión pública y ante las autoridades que responsabiliza al inspector de policía presuntamente implicado en estos hechos de cualquier situación que atente contra mi vida o de personas cercanas a mí, a raíz de esta grave denuncia”.

Es importante recordar que pedir dinero a cambio de no cerrar un establecimiento, es castigado por la ley al ser considerado como delito de concusión y cohecho, contemplado así “en los artículos 404 y 405 del Código Penal. Los ciudadanos afectados deben denunciar estas acciones“, añadió Bravo.

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