La alerta lanzada por 3 de las EPS más grandes del país (Sura, Sánitas y Compensar) ante el riesgo en el que se encuentran sus casi 13 millones de afiliados, por cuenta de la crisis financiera que atraviesan estas entidades, amerita medidas urgentes por parte del gobierno nacional para proteger la salud de los colombianos, pero, además, una revisión estructural del sistema, para evitar la catástrofe que implicaría una quiebra total.

Si bien el problema de las EPS no inició con el actual gobierno, sí es a este gobierno al que le corresponde solucionarlo, pero, por lo visto con la fracasada reforma a la salud y por la pública animadversión del presidente Gustavo Petro por los prestadores de salud privados, la situación puede tornarse aún mucho más grave.

La deuda del Estado colombiano con las EPS es de al menos $2,6 billones y si el gobierno no les paga, una tras otra irán cerrando hasta que desaparezcan. En la fallida reforma tributaria el gobierno nacional trató de acabar con estas entidades y es claro que, ante la imposibilidad de lograrlo por esta vía, la apuesta es asfixiarlas financieramente. La gran pregunta es quién y cómo asumiría los servicios que hoy prestan las EPS.

El Estado no tiene la capacidad de asumir la prestación de salud para todos los colombianos, y menos con la loable pero ingenua ilusión de hacerlo a todo costo.

Allí viene la esencia del problema del sistema de salud colombiano, en que es un asunto financiero, que debe partir de la capacidad de pago por paciente que tiene el país y que hoy es de más o menos 1.200 dólares per cápita, es decir, unos 5 millones 400 mil pesos por persona al año. Cualquier solución que no parta de esa realidad, fracasará y será insostenible.

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