Creo que durante estos años de vigencia de la Constitución del 91 no habíamos presenciado los colombianos un evento de quiebre y de riesgo institucional como lo evidencia la crisis entre el presidente y los gobernadores.

Lo cierto es que, a través de la Federación de Departamentos, los gobernadores le han enviado al presidente una dura y dramática carta donde describen de manera minuciosa la aterradora situación de violencia sistemática que se vive en los territorios.

Evidentemente y como es de público conocimiento, los departamentos del país han sido abandonados y condenados por el presidente a un desamparo total que ha implicado que las bandas criminales y los grupos narcoterroristas de las FARC y el ELN se tomen y controlen territorios bajo la forma de “repúblicas independientes”, donde se impone la ley del fusil en la disputa por los territorios y corredores estratégicos de la economía del narcotráfico.

Esta semana los gobernadores han convertido en noticia nacional este abandono, que no es otra cosa si no la decisión del gobierno nacional de colocarlos como señuelo y carnada para poder adelantar el proyecto de “paz total”, como lo señalan en su carta los mandatarios.

Esta situación aumenta los riesgos del terrorismo político y hace temblar la unidad nacional y además de manera puntual atenta contra la estabilidad democrática del país, pues en los 7 departamentos en riesgo, es muy posible que haya que suspender las elecciones de octubre.

En este sentido y en todos los demás puntos de la carta, se expresó la gobernadora Clara Luz Roldán, quien, en entrevista por la W, planteó los riesgos de violencia electoral producto de un presidente que decidió incomunicarse con sus representantes territoriales, dejándolos aplastados por el aparato terrorista de los grupos al margen de la ley.

Y para rematar la jornada de disolución nacional, el presidente Petro puso a su ministro del Interior a que descalificara al registrador Alexander Vega, quien alertó sobre la inminente suspensión de las elecciones en el Cauca y no contento con esto decidió, como cualquier payaso de circo barato, regañar e insultar a los gobernadores reclamándoles una presunta doble moral, restándole legitimidad a sus peticiones.

El ministro Luis Fernando Velasco quedó en la picota pública porque rápidamente los mandatarios seccionales le respondieron el infundio, tirando al aire la urgente necesidad de la renuncia del ministro, lo que en lugar de solucionar la crisis la escala a un nivel nunca antes visto en el país.

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