Muy preocupada se mostró la Defensoría del Pueblo sobre el hacinamiento en la cárcel de Tuluá.

Según la entidad “hay 131% de hacinamiento” en este centro carcerlario.

En un informe dado a conocer por la Defensoría, en esta penitenciaría aún no se han puesto en marcha medidas luego de un año de la tragedia que cobró la vida de 57 internos.

Como se recordará, en esta cárcel se presentó una conflagración.

Según informó la Defensoría, un año después de la tragedia en el Centro Penitenciario y Carcelario de Tuluá, Valle, hasta el momento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, aún no ha puesto en marcha las medidas pertinentes que fueron adoptadas después de la emergencia.

Un equipo de la Defensoría del Pueblo hizo una visita al establecimiento penitenciario para verificar la implementación de las medidas de prevención de emergencias destinadas a evitar una situación similar a la ocurrida el pasado 27 de junio del 2022, cuando 57 internos privadas de la libertad murieron como consecuencia de la conflagración.

Según el reporte entregado por los funcionarios de la Regional Valle del Cauca, se evidenció que la Uspec “no ha hecho una sola visita de inspección y seguimiento. Además, la cárcel no cuenta con una red de prevención de incendios”.

La Defensoría recordó que el centro penitenciario tiene la capacidad para albergar a 740 personas privadas de la libertad, sin embargo, en el recinto hay actualmente 969, lo que representa un 131% de hacinamiento, por lo que se mostró preocupada.

En el informe de la visita se indicó que “el problema se agrava en las celdas, que fueron diseñadas para albergar a ocho internos cada una, pero actualmente se encuentran ocupadas por cerca de doce personas en cada caso”.

De acuerdo con el organismo, una de las poblaciones históricamente abandonadas por el Estado es la privada de la libertad, por lo que continuarán con el llamado a la atención hacia los entes competentes, para que los Derechos de estas personas no continúen siendo vulnerados.

La defensoría enfatizó que “le exigimos a la Uspec implementar cuanto antes las medidas correspondientes para que no se repita lo que fue denominado como ‘el infierno del patio ocho’”.

En Aguaclara

Por otra parte, funcionarios de la Regional Valle del Cauca de la Defensoría del Pueblo realizaron una jornada de verificación de derechos humanos a las personas privadas de la libertad que están en calidad de indiciadas en la estación de Policía de Aguaclara, en el municipio de Tuluá.

En la visita evidenciaron que el lugar tiene una infraestructura deficiente, no cuenta con las mínimas medidas de seguridad establecidas, son escasas las baterías sanitarias y no hay el debido número de custodios.

Según la Defensoría, la estación tiene capacidad para 57 internos, sin embargo, hay 92 actualmente (81 hombres y 11 mujeres), lo que representa un hacinamiento del 61%.

A partir de los hallazgos, la Defensoría del Pueblo recordó a los entes territoriales que a los sindicados se les debe garantizar unas condiciones mínimas de reclusión, en cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022, que da cuenta de la extensión del estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento en centros de detención transitorios y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

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