Las comunidades del sur del Chocó denunciaron que son por lo menos 25 mil personas las que se encuentran confinadas en esta región como consecuencia de los paros armados que adelantan el ELN y el Clan del Golfo.

Líderes de esta región pidieron ayuda al gobierno nacional ya que se encuentran sin acceso a alimentos, salud y educación.

Así mismo aseguran que hay desplazamientos en la zona y que las ayudas humanitarias no han llegado.

Una comisión de la Procuraduría General de la Nación llegó a este departamento para hablar con la comunidad.

La entidad evalúa con las entidades nacionales, departamental y municipales, acciones inmediatas para conjurar la crisis humanitaria.

La denuncia

Los líderes de las comunidades afro e indígenas afectadas por las limitaciones a la movilidad impuestas por la guerrilla del ELN en los municipios de Sipí, Novita e Istmina denunciaron ante el ministerio público que son más de 25 mil las personas que enfrentan una crisis humanitaria en la región del medio y bajo San Juan, confinados en sus municipios, sin acceso a alimentos, salud ni educación.

Desde los territorios aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha dado respuestas a la situación.

Según manifestó Jefferson Mena, Asesor de la Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos “encontramos, en primer lugar, que las cifras parecen ser mucho mayores de las que se conocen hasta el momento. Las comunidades están hablando de más de 25 mil personas confinadas o desplazadas. Hoy, las comunidades están reclamando porque hay desabastecimiento de alimentos en muchos de los municipios que están confinados o en los lugares a los que han llegado desplazados. Es una situación caótica la que se está viviendo. El departamento no tiene los recursos con que atender a esta situación, las alcaldías tampoco, y el Gobierno no hace presencia”.

Las comunidades señalaron que en el departamento no solo se vive el paro armado del ELN, sino que también denuncian un paro armado por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. L

os habitantes piden ayuda del Gobierno Nacional por el desabastecimiento en las regiones confinadas y poblaciones afectadas por el desplazamiento.

La comisión

La comisión especial de la Procuraduría General de la Nación llegó a Quibdó para evaluar con las entidades del Gobierno nacional, departamental y las administraciones municipales, acciones inmediatas para conjurar la crisis.

E l grupo especial designado por la Procuradora, se reunirá con entidades nacionales, gobernación, alcaldías y fuerza pública, para definir acciones que permitan salvaguardar la vida las personas afectadas.

El grupo se reunirá con representantes de las comunidades afectadas, personeros y Defensoría del Pueblo, para conocer en detalle las vulneraciones contra los Derechos Humanos que vienen sufriendo estas poblaciones, sus necesidades más urgentes de atención y las posibilidades que existen de llegar hasta los territorios.

A partir del análisis de la información recaudada, la Procuraduría emitirá de manera inmediata, llamados y alertas para lograr atención urgente y efectiva por parte de las autoridades responsables, según la competencia de cada una de las dependencias que hacen parte de esta comisión.

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