Miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, reunidos para debatir y resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación, fortaleciendo así sus prácticas ancestrales de justicia mientras luchan por el reconocimiento constitucional de su autonomía jurisdiccional.

Las comunidades negras del norte del Cauca, poseedoras de un legado histórico de lucha y resistencia, han forjado un sistema de justicia propio que se fortalece para no desaparecer y que se arraiga a sus saberes y tradiciones. En la espera de obtener el reconocimiento constitucional, así como lo tiene la Jurisdicción Especial Indígena, las comunidades negras y afrocolombianas fortalecen sus prácticas para resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación, reparando y buscando sanar las relaciones comunitarias al interior de sus territorios.

Por: Juan Carlos Ramos / Comunicaciones Fundación Tengo Ganas / www.tengoganas.org

Las prácticas de justicia propia son acciones que hacen parte de la cotidianidad de las comunidades negras del norte del Cauca y se han venido consolidando a través del fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y el ejercicio del gobierno propio.

Consisten, según explica Severo Valencia, miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, en un conjunto de mecanismos y estrategias ancestrales para la resolución de conflictos y diferencias, que velan por la sana convivencia y la armonía en los territorios.

“Nuestro sistema de justicia ancestral es un proceso comunitario encargado de armonizar el territorio, las familias, la comunidad y las personas, a partir de unos conocimientos y prácticas heredadas de nuestros antepasados. Estás prácticas son importantes pues a través de ellas nos reconocemos, nos armonizamos y nos restauramos”, afirma el señor Severo Valencia.

En este sentido, cada comunidad ha establecido, a lo largo de los años, sus propias normas, regulaciones y pautas de comportamiento y relacionamiento social, al igual que sus sanciones y acciones de reparación ante conflictos que involucren a sus miembros.

En el corazón de los territorios negros, la justicia se administra de manera colectiva. Las decisiones importantes se toman en asambleas, donde cada voz tiene peso y cada opinión cuenta.

Sentados bajo la sombra de un imponente árbol, o alrededor de un altar de ofrenda a los antepasados y a los espíritus de la naturaleza, o bien reunidos en un salón comunal o una planicie a cielo abierto, los líderes comunitarios, en su mayoría ancianos y ancianas llenas de sabiduría, escuchan atentamente las preocupaciones de sus vecinos y se esfuerzan por encontrar soluciones que respeten la armonía y el bienestar de todos.

Para Roxana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, “la justicia ancestral del pueblo negro es la sumatoria de los usos y costumbres que tiene la gente negra para corregir y orientar el actuar de las personas, no para castigar.

A través de nuestro modelo de justicia buscamos que la persona que haya causado un daño o haya faltado a los reglamentos internos y manuales de convivencia, pueda resarcir el impacto de sus acciones y restaurar las relaciones con los otros, con el territorio, y con su propio ser”.

Es en este carácter restaurativo, en que se basa el accionar de la justicia ancestral afrocolombiana. Según Severo Valencia, “cuando una persona comete un error, debe reconocerlo y presentar disculpas públicas, ante la comunidad y la víctima. También deberá realizar trabajo comunitario y apoyo en todas las labores sociales y agrícolas que se requieran, con el fin de reparar y restaurar la armonía perdida”.

Por otra parte, según menciona Roxana, “la nuestra además de restaurativa, es una justicia preventiva, ya que desde los hogares y la familia, y también desde la escuela y los espacios comunitarios, los mayores aconsejan y orientan a los niños, jóvenes y otros miembros de la comunidad para tomar buenas decisiones y evitar los conflictos y las desarmonías”.

Avances hacia el reconocimiento constitucional

En 1993, la ley 70 abrió las puertas para el reconocimiento parcial de estas prácticas de justicia propia al considerar a los Consejos Comunitarios como “amigables componedores”, es decir, instancias alternativas delegadas por el Estado para la resolución de conflictos.

Recordemos que los Consejos Comunitarios son las figuras étnico-territoriales surgidas de la ley 70 para administrar los territorios colectivos de las comunidades negras y ejercer gobernanza sobre ellos, gestionando asuntos de la vida común, tales como la justicia.

Sin embargo, según comentan algunas autoridades consultadas, esta ley todavía presenta limitaciones en cuanto al reconocimiento pleno de la justicia ancestral de las comunidades negras, puesto que no garantiza la existencia de una jurisdicción especial que valide y reconozca por completo las decisiones de las autoridades tradicionales. Mientras luchan por este reconocimiento que refleje su realidad y respete su autonomía, las comunidades resisten a través de una vivencia activa y plena de sus prácticas ancestrales de administración de justicia.

De igual manera, poco a poco en las regiones se abren camino con el sistema judicial nacional, sosteniendo diálogos e intercambios de experiencias con autoridades de la justicia ordinaria; estableciendo mecanismos de articulación y coordinación entre la justicia ancestral y el sistema judicial estatal.

En ese contexto, el Programa Justicia Inclusiva de USAID contribuye al fortalecimiento de saberes y prácticas de la justicia ancestral de comunidades afrocolombianas, negras y palenqueras de 76 municipios en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó, Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Sucre y Bolívar; es así como 50 Consejos Comunitarios están fortaleciendo sus prácticas y saberes de justicia propia, promoviendo escuelas de justicia ancestral, género y derecho propio e incluyendo capítulos de justicia ancestral en sus reglamentos internos.

De esta manera líderes y lideresas han fortalecido sus capacidades en litigio estratégico para documentar y judicializar casos para la protección de los derechos étnicos. Además, se han suscrito protocolos para el entendimiento y la coordinación con magistrados y jueces de los Consejos Seccionales de la Judicatura del Valle del Cauca, Nariño y Chocó.

Una lucha por el reconocimiento pleno, desde el trabajo articulado

Mientras los líderes comunitarios como Roxana y Severo caminan por los territorios, se respira un sentimiento de fortaleza y determinación. “Estamos construyendo nuestro propio camino hacia la justicia.

Ya tenemos la validación de las comunidades y vamos ganando reconocimiento ante el sistema de justicia ordinaria”, dice con firmeza el señor Severo. En un diálogo fraterno con la justicia ordinaria, las comunidades buscan encontrar un equilibrio.

Según comenta la consejera Roxana, en los últimos años se han evidenciado avances significativos en el reconocimiento de las prácticas ancestrales de justicia y en la articulación y coordinación entre la justicia ancestral afrocolombiana y la justicia ordinaria.

“Como pueblo hemos logrado un reconocimiento cada vez mayor de nuestra jurisdicción especial. Hemos propuesto estratégicamente modificar el artículo 246, que actualmente reconoce la jurisdicción especial para los pueblos indígenas, con el objetivo de incluir al pueblo negro, afrocolombiano y raizal y palenquero” menciona la consejera.

“Esta inclusión nos permitiría actuar con mayor legitimidad desde una perspectiva legal, respaldados por nuestras comunidades”.

Según mencionan las autoridades consultadas, en algunos municipios del norte del Cauca se ha dado un proceso de articulación destacable, especialmente durante la pandemia por Covid-19 de 2020, y de manera posterior a este suceso.

“A pesar de que las instituciones entraron en cuarentena, las situaciones en los territorios continuaron agravándose. En esta coyuntura, las comisarías e inspecciones de policía en muchos de nuestros municipios nos enviaron los casos para su atención porque confiaban en nosotros” agrega Roxana Mejía.

Un ejemplo concreto de esta articulación tuvo lugar cuando, según comenta la lideresa Roxana Mejía, “logramos que un juez fallara a favor de un consejo comunitario, reconociendo su legítimo derecho a proteger su territorio en situaciones de crisis como la pandemia. Este tipo de logros nos han permitido visibilizar nuestras formas de aplicar justicia en escenarios nacionales y han impulsado la conformación de tribunales de ética y justicia ancestral en los 43 consejos comunitarios, así como la creación de un tribunal regional que rige sobre los demás”.

Con voz esperanzadora agrega: “estamos trabajando para articularnos con los entes que aplican justicia en el país, incluyendo a los magistrados, para lograr un mayor reconocimiento dentro de la constitución y los órganos judiciales nacionales”.

Entre tanto, las prácticas ancestrales de justicia se seguirán manifestando en diversos aspectos de la vida cotidiana de estas comunidades.

En estos territorios la historia se teje entre los hilos de la justicia ancestral y la lucha por su legitimidad.

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