Cali, noviembre 17 de 2026. Actualizado: martes, noviembre 17, 2026 13:14
Una polémica se ha creado en Cali relacionada con presuntos cobros y requisitos extraños exigidos por parte de funcionarios a propietarios de establecimientos nocturnos para poder operar.
Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, respondió a estas denuncias de algunos comerciantes de la ciudad, a quienes, según ellos, varios inspectores de la Policía les estarían exigiendo más documentos de lo legal para evitar el cierre de sus locales.
“No tengo información de esas denuncias, pero igual a toda la ciudadanía le digo que la documentación legal y los trámites legales para el funcionamiento de un establecimiento de comercio están reglados en la ley. La ley 1801 del 2016 en el artículo 87 establece cuales son los documentos que debe tramitar un empresario o un comerciante, para desarrollar una actividad de manera legal en Cali y cualquier territorio de Colombia”, explicó a el Noticiero 90 Minutos, el máximo jefe de la Seguridad en la capital del Valle.
“Si hay alguna extralimitación, si algún inspector de Policía o algún funcionario está exigiendo documentos que no están en la norma, deben denunciarlo ante la Personería, la Procuraduría e incluso ante la Fiscalía, porque está cometiendo una ilegalidad y está extralimitando sus funciones”, complementó.
En función del cierre de uno de estos establecimientos, afirmó, Dranguet, que este no cumplía con las normas vigentes y ratificó que, aunque los inspectores están adscritos a su despacho, son autónomos en las decisiones que toman.
El concejal Juan Martín Bravo, denunció esta coyuntura que, presuntamente, están padeciendo algunos integrantes de este gremio en la capital del Valle.
“Están pidiendo licencia de construcción y si los dueños de los establecimientos no tienen estos requisitos, le terminan cerrando arbitrariamente sus negocios”, señaló el concejal Bravo.
“Los inspectores se están extralimitando, pidiendo documentos adicionales y que esto se preste para coimas. Hoy vemos cómo establecimientos como ‘La Purga’ cumplían con todos los requisitos y fueron cerrados de manera arbitraria y la documentación del proceso, aparentemente, se perdió de los mecanismos de la Alcaldía”, agregó el cabildante.
Diana Patricia Zamora, propietaria del establecimiento La Purga, en conversación con el Diario Occidente detalló todas las afectaciones que ha tenido tras estas normativas que ella considera, “ilógicas”:
“Me parece injusto porque, claramente, nosotros no estamos pidiendo trabajar ilegales; la idea es cumplir entre todos la norma, tanto de allá como nosotros. Yo siempre he tenido mis documentos en regla, no sé por qué me pidieron una licencia de construcción y no me parece justo”, sostuvo a Diario Occidente, Diana Patricia Zamora.
“Me ha afectado mucho porque dese el año pasado tengo mi establecimiento cerrado, es mi patrimonio, mis ahorros de trabajo, Me quede sin nada, todo mi dinero está ahí invertido y tengo muchas deudas. Me ha afectado mucho la situación del requerimiento de esas otras normas que no pensaba que existiera o no sé porqué me la están exigiendo. Estoy muy agradecida con el concejal, Juan Martín Bravo, porque siento que con él hay más claridad y se hará justicia referente a este tema que es algo ilógico”, agregó.
Juan Martín Bravo, cabildante de la capital del valle y quien se ha mostrado muy interesado en esta situación, ante el Juzgado 12° Administrativo Oral Del Circuito De la ciudad instaló una denuncia contra la Alcaldía de Cali para que den cumplimiento estricto al Artículo 87° de la Ley 1801 del 2016.
“Lo que resulta aún más grave es que, estas presuntas actuaciones de funcionarios de la secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, podría generar no solo perjuicios económicos al empresariado caleño, sino, también posibles demandas contra la ciudad que afectarían sus finanzas por una avalancha de solicitud de indemnizaciones por perjuicios”, expresó el concejal, Juan Martín Bravo.
“Esta acción viola los derechos al trabajo, la libre competencia, la libertad económica, la libertad de empresa, entre otros derechos de los ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que los inspectores se estén extralimitando, pidiendo documentos adicionales y que esto al final se preste para Coimas”, complementó.
“Los ciudadanos que se han visto afectados a que denuncien y se sumen a la demanda que instauramos en contra del distrito de Cali para frenar esta problemática. Hoy vemos como establecimientos como La Purga que cumplían y estaban certificados con todos los requisitos, fueron cerrados de forma arbitraria y el proceso inclusive hoy la documentación aparentemente se ha perdido y se ha borrado de los mecanismos de la alcaldía”, cerró Juan Martín Bravo, concejal.
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