La polémica generada por el presidente Gustavo Petro, quien ordenó se investigue a su hermano e hijo, generó una tormenta política desde la semana pasada.

Es así como, ante los rumores que se han desatado en los últimos días, Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, escribió una carta dirigida a la opinión pública en la que manifiesta que el presidente colocó a los suyos a “padecer escarnio público”.

En el comunicado, el hermano del presidente manifestó que se “encuentra en duelo” y afirmó que su pariente traspasó “la frontera de lo estrictamente fraternal”.

Así mismo, al referirse en concreto sobre su supuesta injerencia en los proyectos de la Paz Total y cómo se podrían colar narcotraficantes en los beneficios de esa política, afirmó que no tiene nada que ver con los temas de paz del Gobierno.

Sin emargo, admitió haber trabajado de manera “silenciosa” por la paz sin que esto represente “ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas”.

Agregó en el comunicado que está listo para ser investigado patrimonialmente, toda vez que su situación económica tiende a desmejorar.

Más polémica

Las declaraciones de Juan Fernando Petro salen a la luz pública en momentos en que se conoce información sobre la lujosa mansión en que vive el hijo del mandatario nacional, Nicolás Petro.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que el diputado por el Atlántico está bajo la lupa del organismo y como servidor público ya es objeto de investigación disciplinaria.

La funcionaria advirtió que aunque Petro se retire de la Duma Departamental, las indagaciones continuarán.

Cabello dijo que se analizarán pruebas para establecer qué otras autoridades o funcionarios estarían involucrados con denuncias que salpican a Petro burgos, luego de que se conocieran las conversaciones entre el hijo mayor del presidente y su expareja sentimental, quien lo acusó de haber recibido $600 millones de personas vinculadas con el narcotráfico.

Niegan

Por otra parte, la directora del Departamento de la Prosperidad Social, Cielo Rusinque, y el Ministro del Interior, Alfonso Prada, negaron que hubo compromisos y tráfico de influencias con el diputado del Atlático para el nombramiento de puestos.

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