El transporte pirata cada vez sostiene mayor presencia en Santiago de Cali. Los usuarios del servicio de transporte público de la ciudad prefieren, en su mayoría, esta manera de movilizarse así sea más costosa que las tarifas del Masivo Integrado de Occidente.

El Sistema de Transporte Masivo diariamente moviliza cerca de 275.000 usuarios. Los piratas, por su parte, se convirtieron en la alternativa del 70% de este mercado del transporte; es decir, cerca de medio millón de personas.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad tras analizar este fenómeno concluyó que el transporte pirata es operado por 27 empresas ilegales que ‘afilian’ estos vehículos a cambio de brindarles acompañamiento, orden y seguridad.

Con 6.000 vehículos piratas circulando, se estima que solo las 27 empresas organizadas se reparten $360 millones a la semana ($1.440 millones por mes) por los servicios que prestan.

Expertos en movilidad aseguran que estos escenarios son los que se deben estudiar por parte de Metrocali y la Alcaldía de Cali, en función de acercarse a una solución real que encare la crisis del MIO.

Denuncia del Concejo de Cali:

“Me llegó a mi curul una denuncia de la situación. Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas del recorrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta le iban a destruir el carro a bala”.

Sostuvo el concejal, Fernando Tamayo, señalando estos “controles territoriales” por parte de grupos ilegales, de bandas organizadas de extranjeros que montaron una especie de servicio exclusivo.

Según Tamayo, estos grupos no permiten que rutas como las de la Avenida Pasoancho y la Avenida Ciudad de Cali tengan competencia de vehículos que no tengan su “permiso” para trabajar.

Hay bandas organizadas detrás del transporte pirata, medio que les sirve para mantener el control territorial de este y otros negocios al margen de la ley. Y en Siloé hay venezolanos propietarios de 30 motos o más y han ido desplazando a los que por años han trabajado allí”, añadió el Concejal de Cali.

“Los controles los debe cobijar a todos, pero es sumamente preocupante que detrás de este negocio no solo haya una necesidad de suplir el empleo de gente que no logra ubicarse en el mercado laboral, sino que sea usado para el control del territorio de bandas organizadas”, complementó.

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