Pese a los grandes esfuerzos de los actuales gobiernos de Colombia para aumentar la cobertura educativa en las regiones del país en cuanto educación preescolar, básica y media, una realidad que no se puede escapar ni esconder es que cada vez también son muchos más los estudiantes que abandonan los salones de clase sin dejar rastro de su destino.

Solo en el 2021 según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo 477.157 menores de edad se retiraron de sus colegios, siendo el Valle del Cauca, Boyacá y Cauca uno de lugares con mayor número de fugas de estudiantes.

Para el caso de Cali siendo la Capital del Valle del Cauca en el actual periodo escolar 2023 son cerca de 150.000 mil niños los matriculados en el sistema de educación de Cali según el secretario de Educación, José Darwin Lenis, pero frente a esa cifra es alarmante también el otro escalofriante dato del sistema integrado de matrícula que indica cerca de 9.000 niños, niñas y adolescentes aparecen como desertores escolares en la ciudad y los cuales pese a los esfuerzos de la Alcaldía de Cali no se han logrado reintegrar al sistema de educación Distrital.

Estas y otras cifras que demuestran de manera clara la complejidad de este asunto en el cual los hombres y los estudiantes de zonas rurales según estudios de la Universidad de los Andes en base a los datos arrojados por el Ministerio de Educación Nacional tiene mayor probabilidad de convertirse en desertores escolares los cuales fuera del sistema educativo empiezan a estar en distintos riesgo como lo son el ser reclutados de manera forzosa, no encontrar oportunidades laborales formales o encontrar en la criminalidad un estilo de vida como remplazo de la formación educativa.

Y aunque existen muchos factores que influyen en la deserción como pueden ser los conflictos familiares, las garantías de alimentación escolar, la necesidad de educación especial, el embarazo a temprana edad, el conflicto armado, la falta de interés por el estudio o la no garantía de transporte hacia las instituciones educativas existe una realidad y es la corresponsabilidad que tiene la familia pero también el estado y que no ha cumplido como debe ser que es crear no solo estrategias pasajeras de gobiernos de turno, si no políticas concretas para atacar este flagelo que más que una problemática educativa es una problemática social de País.

Pero ¿a dónde van los estudiantes desertores? una pregunta sin respuestas claras porque después de desertar de las clases las entidades territoriales e instituciones educativas pierden el control sobre el paradero de los que fueron sus estudiantes.

Los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional no pueden seguirse centrando en planes de permanencia ligeros, Colombia necesita una política pública robusta que brinde lineamientos concretos a las entidades territoriales para dejar atrás el modelo anual de estrategias de búsqueda de niños casa a casa y hacer estudios técnicos y censos rigurosos que permitan mapear la realidad de los desertores en las regiones.

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