Se calcula que en Cali hay 74 mil niños y adolescentes por fuera del sistema educativo, una pésima noticia para ellos, sus familias y para la sociedad en general, pues la desescolarización aleja a las nuevas generaciones de las oportunidades, las empuja hacia la pobreza y en muchas ocasiones las convierte en caldo de cultivo para la delincuencia.

Por lo anterior, la educación debe convertirse en una prioridad que la sociedad en conjunto exija, pero no cualquier educación, sino educación de calidad, que estimule el desarrollo de habilidades cognitivas y ayude a niños y jóvenes a identificar proyectos de vida distintos a los caminos a los que conduce la falta de estudio.

¿Cuánto le cuesta a la sociedad asumir la resocialización de los jóvenes que delinquen? Sin duda, mucho más que brindarles una educación oportuna y de calidad. La reclusión en los llamados centros de formación, para los menores de edad, o en las cárceles, para quienes pasan los 18 años, no sólo es costosa sino altamente ineficiente, pues, contrario a alcanzar la resocialización, en estos lugares lo que se logra en la mayoría de los casos es la “profesionalización” delincuencial.

En los programas de ampliación de cobertura educativa se destinan alrededor de $130 mil mensuales por estudiante, cifra que resulta irrisoria al lado del costo mensual que asume el Estado por el sostenimiento de un preso, que está alrededor de $1.8 millones. El resultado de la ecuación es obvio, ¿por qué no mejorar el presupuesto para la educación, y apostarle así a más jóvenes buscando oportunidades en la legalidad, aportando al desarrollo del país, y tener menos delincuentes?

Como se ve, la educación es una inversión que beneficia directamente a quien la recibe e indirectamente a toda la sociedad. Nuestros gobiernos deben revisar sus prioridades de inversión.

Comments