Los impuestos y el impacto en los territorios

Fernando Cruz Montoya

Es obligación del liderazgo de nuestra región observar que tanto impacto tiene los impuestos a la hora de traer inversión y mantener el bienestar de los negocios. Estamos ante la necesidad de generar el clima propicio para el emprendimiento y el fortalecimiento de las empresas, favoreciendo la comercialización de sus productos, en la conquista de nuevos mercados y en el aumento de la capacidad instalada para producir y abastecer el mercado.

Necesitamos más gestión e ingenio para ajustar las normas tributarias territoriales a favor de la riqueza, el empleo y la dinamización de los flujos de recursos para el desarrollo económico y social de nuestra región e influir positivamente el entorno nacional e internacional.

Sería muy importante establecer un observatorio de seguimiento sobre impacto tributario en las empresas de nuestra región en una matriz de costos y oportunidades para que pudieran formularse las soluciones de manera oportuna que favorezca la productividad y competitividad de nuestros productos y servicios.

Las normas aplicables y en específico las tributarias de orden territorial, deben ser revisadas y perfeccionadas para que brinden la posibilidad de nuevas inversiones. En particular, para las empresas prestadoras que realizan actividades de Tercerización de Servicios que se ven afectadas por el cobro del impuesto de Industria y Comercio (ICA), la afectación se da en sectores como la Tercerización de Apoyo a los Negocios (BPO), las de Tecnología de Información (ITO) y las empresas de Tercerización u Outsourcing.

Lo anterior, tiene que ver con el principio de territorialidad, entendiéndose la potestad que tiene el municipio dentro de su jurisdicción para cobrar el impuesto, es imperante que la ley precise para estos sectores, los criterios que permita establecer a qué territorio le corresponden el cobro del ICA que evite perjudicar al contribuyente, no hacerlo puede llevar a que existan empresas afectadas con doble o múltiple tributación. Es decir, que estén siendo obligadas a pagar el impuesto por un mismo hecho generador en varias municipalidades.

La norma tributaria debe dar claridad específicamente, por ejemplo, en actividades de BPO en las que el objeto contractual se entiende ejecutado en diferentes municipios y las que realizan actividades de ITO, sobre las plataformas que prestan un servicio pero que están localizadas en la “nube”, no se tiene definido un lugar específico desde donde se está ejecutando la prestación del mismo, pese a tener usuarios que se encuentran ubicados en municipios específicos de Colombia.

Por lo tanto, es necesario una revisión exhaustiva de la norma tributaria territorial para lograr nuevas oportunidades de inversión; y, para las empresas que ya están establecidas puedan gozar de la seguridad jurídica y no se vean sometidas al cobro del impuesto por diversos municipios sobre los mismos hechos generadores, evitando la contracción en la oferta de servicios por el incremento de altos costos de cumplimiento de la obligación tributaria del ICA.

Las empresas deben tener claras las “reglas de juego” para que no asuman costos que desestimulen los sectores y sean una barrera de entrada al mercado regional, lo que se constituiría en el incremento de oportunidades perdidas de inversión y de los negocios.

Es menester, escuchar al empresariado para conocer de cerca las afectaciones que a diario se tiene con los impuestos en sus territorios, porque a veces los empresarios dan una lucha silenciosa contra las adversidades de la injusta aplicación de la norma tributaria por parte de las Haciendas Públicas Municipales, que con sus acciones de cobro coactivo, resta a la cadena de valor, perjudica la estabilidad y hasta ponen en riesgo la existencia de las empresas que con gran esfuerzo sus directivos y trabajadores se levantan todos los días para construir un mejor país.

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