Después de casi un mes de paro, la criminalidad está desbordada en Colombia, muy especialmente en Cali, donde la ilegalidad está aprovechando la coyuntura para avanzar: saqueos, retenes para entrar y salir de los barrios, invasión de tierras y el aumento de los asaltos a mano armada, que ya eran un problema en la ciudad y que se desbordaron durante esta coyuntura.

Hábilmente, delincuentes de todos los pelambres se están arropando bajo la figura de la protesta para cometer todo tipo de abusos, sin que haya mayor acción de las autoridades para impedirlos o judicializarlos, y ante el silencio de una sociedad temerosa por el riesgo creciente y el debilitamiento institucional.

Ante este panorama, es necesario diferenciar la protesta pacífica de la criminalidad y exigirles a las autoridades acciones contundentes contra quienes están aprovechando el paro como camuflaje para arremeter contra los bienes y la tranquilidad de los caleños.

¿Los sujetos que tratan de tumbar postes del alumbrado público, con la intención de interrumpir el suministro eléctrico, son manifestantes pacíficos? ¿Por ocurrir mientras hay un paro nacional, se deben permitir este tipo de hechos?

Además de la intervención de las autoridades para capturar y judicializar a quienes están aprovechando la coyuntura para cometer todo tipo de delitos, es necesario que los promotores del paro y la sociedad en general rechacen clara y abiertamente este tipo de hechos que, sumados a los bloqueos y el covid, están agravando la situación social y económica de Cali, así como aumentando las tensiones para los ciudadanos.

Aquí hay que separar la protesta pacífica de la criminalidad, y frente a la segunda se debe actuar con contundencia, antes de que el caos termine por apoderarse de la ciudad.

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