Después de cuatro semanas, los efectos de los bloqueos en Cali son claros, la pérdida de empleos y todo tipo de trabajos informales, el desabastecimiento, la carestía y la reducción del sistema de transporte masivo a su mínima expresión muestran una ciudad en la que cada día de parálisis se traduce en aumento de la pobreza. Además de las empresas que han cerrado o suspendido sus actividades por falta de materia prima, porque no se permite el paso de sus empleados, porque fueron saqueadas o sus instalaciones destruidas o porque sencillamente se quedaron sin quien les compre, hay un número indeterminado de trabajadores informales que tampoco han podido ejercer las actividades de las que derivaban su sustento antes del 28 de abril, como los vendedores de minutos, comidas y todo tipo de productos que se rebuscaban en las estaciones del MIO y hoy no tienen a quien venderle o los cientos de personas que trabajaban en la cadena de mantenimiento de vehículos, como monta llantas y lavaderos, cuya clientela se redujo a su mínima expresión por la parálisis.

Más allá de las discusiones sobre lo que piden los sectores en protesta y lo que ofrece el Gobierno Nacional, que pueden prorrogarse por varios días más, e incluso semanas, pues ya hay convocadas movilizaciones hasta el 28 de mayo, urge pensar en el irreparable daño socioeconómico que se acumula día a día, y que sólo se puede detener con el levantamiento de los bloqueos. Los jóvenes y quienes los alientan a mantener las barricadas deben ser conscientes de la gran afectación que están ocasionando a miles de ciudadanos, mientras que el Gobierno Nacional, por su parte, debe garantizarles que los seguirá atendiendo y escuchando una vez liberen el paso, que es su principal mecanismo de presión. Por favor, no acaben con Cali ni con el Valle ni con Colombia.

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