Como si la crisis sanitaria, social y económica ocasionada en Colombia por la pandemia del covid-19 y profundizada por el paro no fuera suficiente, la violencia en las zonas rurales está generando de nuevo un fenómeno que complica aún más la situación de todos: el desplazamiento.

Las cifras muestran la gravedad de lo que está ocurriendo: entre enero y marzo de este año se han registrado 65 desplazamientos masivos en los que 27.435 han salido huyendo de sus hogares, dejándolo todo, para salvar sus vidas.
Si antes la desgracia de los desplazados aumentaba al llegar a centros urbanos sin oportunidades para ellos, ahora, en plena crisis económica, con el desempleo y la pobreza en aumento, el panorama para quienes salen del campo hacia las ciudades debido a la presión armada es peor.

Son casi nueve mil familias afectadas por este fenómeno en tan solo tres meses, un flagelo que es producto de otro: la intensificación de la violencia en el campo, motivada en todos los casos por disputas territoriales entre organizaciones del crimen que buscan en control de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento y las rutas de la comercialización, así como de la minería ilegal. Muchas de estas familias huyen para no quedar en medio del fuego cruzado de estas organizaciones o porque han recibido amenazas o para evitar que sus hijos sean reclutados por los grupos armados o porque fueron despojadas de sus parcelas.

El desplazamiento es la confirmación de la consolidación de las organizaciones criminales en las zonas rurales, ya sea el ELN, las disidencias de las Farc, el clan del golfo o cualquier otro grupo criminal y, por lo tanto, se requiere un mayor esfuerzo del Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares para frenarlos antes de que esta situación, que ya es grave, empeore.

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