Los hechos ocurridos en las últimas semanas en los municipios de Guachené, Corinto y Caloto, en el norte del departamento del Cauca, donde miembros de comunidades indígenas han invadido terrenos y destruido maquinaria y cultivos de caña, requieren acciones urgentes de parte de las autoridades, pues ponen en riesgo la vida de los trabajadores de estos predios, vulneran el derecho a la propiedad privada y, además, atentan contra el desarrollo y la productividad de la región.

Sin embargo, más allá de acciones de vigilancia y control que impidan nuevas tomas, es necesario trabajar en la construcción de una mejor relación entre el sector azucarero, los habitantes de estos municipios y las comunidades indígenas, pues estos hechos, que tanta preocupación causan en Cali y en Bogotá, por los perjuicios económicos que generan, en los territorios donde ocurren son aceptados e incluso respaldados.

Si bien la invasión de tierras, la quema de cultivos y la destrucción de maquinaria son injustificables e inaceptables y constituyen graves delitos, es necesario ver el tema más allá y buscar alternativas que permitan una convivencia armónica y de beneficio para todos los actores de la zona en la que se presenta este fenómeno. Es necesario superar esa tensión histórica y establecer una relación de respeto en todos los sentidos.

Por lo anterior, el sector azucarero tiene que venderle mejor a las comunidades los beneficios que les representa, para que los habitantes de estos territorios no sigan justificando las invasiones y para que entre todos se cuide un aparato productivo del que depende la subsistencia de miles de familias, no solo en el norte del Cauca, sino en toda una región que ha crecido y subsiste gracias a la industria de la caña de azúcar.

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