Una alianza entre el gobierno nacional, la empresa privada, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Florida permite fortalecer el tejido social con el fin de mitigar el impacto del cambio climático en la región.

Ese es uno de los objetivos del programa Valle Rural Productivo, el cual busca no sólo conservar 250 hectáreas de bosque, sino dar solución a la seguridad alimentaria de familias campesinas de esta región.

María Virginia del Risco, vocera de la Fundación Caicedo Gonzáles Riopaila Castilla indicó que en conjunto con la comunidad participaron en la convocatoria realizada en el 2019 por el Fondo Colombia en Paz con Valle Rural Productivo, proyecto que busca resolver tres aspectos: la recuperación ambiental de 250 hectáreas de bosques, de sistemas silvopastoriles y protección de fuentes hídricas con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático; la dimensión socioempresarial que busca mejorar la productividad de la cadena del plátano y el banano; y mejorar el capital social conformado por indígenas, afrocolombianos y campesinos.

“La fundación participa entre más de 750 propuestas a nivel nacional con este proyecto que busca la sostenibilidad ambiental del resguardo Cristal Páez y mejorar la productividad de los campesinos” dice María Virginia quien agrega que la iniciativa fortalece las alianzas público privadas y cobija cerca de diez veredas en la zona alta de Florida.

Por su parte, Ana Milena Lemos Paredes, directora Ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla dice que “con este proyecto unimos esfuerzos de diversos actores para mejorar la calidad de vida de los participantes e implementar prácticas favorables a la conservación de nuestra riqueza natural tanto en fauna como en flora”.

Mediante la protección de 250 hectáreas de bosques y la producción de plátano y banano, 164 familias rurales se comprometieron con la construcción de paz y la conservación de los ecosistemas, a través de la suscripción de Acuerdos Cero Deforestación.

Labor sostenible
Fabio Nelson Mestizo, uno de los indígenas beneficiados con este proyecto manifiesta que “el proyecto beneficia a mi familia, a todas las familias del resguardo y a todo el municipio de Florida”.

Agrega que el objetivo es trabajar en “la conservación del espacio ambiental para aumentar el agua y todos los humedales, conservar las cuencas hidrográficas”.

Mestizo explica que son 96 familias indígenas que trabajan en aislamiento de las cuencas hídricas, conservación natural de los bosques, la restauración de las especies nativas, recuperar la fauna y la flora y muchas especies que están en vía de extinción.

“Nos beneficia al resguardo porque necesitamos que nos apoyen para conservar los sitios sagrados, los páramos, el espacio ambiental. Además en las 250 hectáreas entra el PSA Pago de Servicios Ambientales para fortalecer lo que venimos haciendo, como viveros, sembrar árboles, aislamientos de agua, silvopastoril y bosques domésticos”.

En territorio del Resguardo Indígena el Triunfo Cristal Páez, 96 familias indígenas trabajan acciones encaminadas a la restauración asistida (activa) utilizando herramientas de manejo del paisaje en 220 hectáreas de bosques degradados, que incluyen 20 hectáreas en sistemas silvopastoriles y dos hectáreas de bosque de uso doméstico para la generación de alimento (frutos y forraje) y la anidación de fauna.

El proyecto también plantea la protección de 30 hectáreas de bosques que poseen nacimientos y cuerpos de agua y que a su vez abastecen acueductos veredales.

Los predios se protegen a través del mecanismo de PSA, mediante el cual los agricultores o propietarios de tierras reciben incentivos económicos para que sus terrenos continúen prestando un servicio ambiental.

Se estima que, en los dos años de apoyo económico otorgados por Colombia Sostenible, los beneficiarios recibirán 75 mil pesos mensuales por hectárea.

Con la conservación de las 250 hectáreas contempladas en la iniciativa se proyecta la reducción de más de 7.100 toneladas de CO2 y la captura de más de 37.300 toneladas de CO2, un gran aporte a la sostenibilidad, la calidad del aire y la protección de la biodiversidad en la zona.

Para el director del FCP, Juan Carlos Mahecha, la propuesta es muestra fehaciente de los avances en la política Paz con Legalidad que “nos permite impulsar el PDET Alto Patía y Norte del Cauca y aportar nuestro granito de arena para dinamizar la economía local que se ha visto afectada por las restricciones ocasionadas a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19”.

La propuesta que fue priorizada en el marco de la Convocatoria No 1 “Para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climático”, acaba de iniciar ejecución y se extenderá por 24 meses hasta finales del 2022.

Prácticas sostenibles
Además de la conservación ambiental, el proyecto tiene un componente productivo dirigido a familias campesinas de la zona dedicados a la producción de plátano y banano.

Las actividades productivas sostenibles consisten en mejorar la calidad de la producción del plátano y el banano para su comercialización en fresco y optimizar el proceso de transformación para obtener harina de plátano y banano, snacks y tostones de plátano, a través de la implementación en Buenas Práctica Agrícolas BPA.

El componente productivo del proyecto es desarrollado por 68 familias rurales que tienen por objetivo elevar la oferta de sus productos para que estos sean valorados por el consumidor por su calidad, características nutritivas y precio competitivo en el mercado.

Para lograrlo se contempla la implementación de un paquete tecnológico orientado al mejoramiento de las prácticas agrícolas y la productividad, que incluya la utilización de semillas certificadas, el uso de fertilizantes orgánicos y un plan de capacitaciones en los aspectos organizacionales y ambientales, entre otros; todo con la finalidad de certificar ante el Invima que los alimentos transformados son aptos para el consumo humano y cumplen las normas sanitarias vigentes.

Se estima que la producción de plátano se eleve de 964,9 a 1.061,4 toneladas por año y la de banano aumente de 266,8 a 293,7 toneladas por año, lo cual permitirá mejorar los ingresos de los beneficiarios y ayudar a suplir la demanda regional tanto para los productos en fresco como para los transformados, los cuales en conjunto son productos básicos de consumo masivo, que hacen parte de la canasta familiar.

Uno de los campesinos beneficiados, Oscar de Jesús Montoya destaca que con este programa “tenemos quien nos compre el producto directamente o para la transformación en harina, antes los vendíamos en la plaza de mercado al precio que nos decían y vamos a tener el aprendizaje de transformar el plátano y banano”.

Montoya destaca que se va a mejorar la comercialización, tendremos más ingresos económicos y se va a mejorar el bienestar de la familia.

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