Aunque el ELN salió a desmentir la información entregada a la Cancillería colombiana por la Embajada de Cuba en Bogotá sobre un supuesto atentado terrorista que estaría planeando el grupo armado ilegal, lo mejor que puede hacer el Gobierno Nacional es no bajar la guardia y, por el contrario, extremar las medidas para evitar hechos que lamentar, pues los antecedentes de esta guerrilla no permiten confiar en sus “buenas intenciones”.

Y no se trata únicamente de estar alertas ante las acciones del ELN, sino de proteger aquellas poblaciones que hoy son blanco de todo tipo de actores al margen de la ley, como ocurre en el Cauca, donde el acoso de la ilegalidad es permanente; no hay día en el que no se reporten hechos de violencia en este departamento, desde secuestros hasta masacres, pasando por hostigamientos y casos como el de los concejales de Argelia, que tuvieron que dejar el municipio ante las amenazas.

El fenómeno de la violencia en Colombia es cada vez más complejo, debido a la atomización de los actores armados que se disputan el control de los cultivos de coca y marihuana, las rutas del narcotráfico, los mercados urbanos del microtráfico y todo tipo de negocios ilícitos, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a actuar a la ofensiva, algo que se tiene que recuperar antes de que las consecuencias de permitir el surgimiento y la consolidación de estos grupos criminales sean mucho peores.

A punto de que inicie la campaña presidencial, es importante que el Estado recupere la iniciativa en materia de seguridad, pues claramente hay actores armados que buscarán crear caos para beneficiar a los sectores políticos que les son afines. En materia de seguridad no se puede ceder.

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