La captura de alias “Cóndor”, jefe del grupo armado organizado “Los Pelusos”, señalado de ser el responsable de los asesinatos de varios líderes sociales en Norte de Santander, y la baja de alias “Uriel”, cabecilla del frente occidental de guerra del ELN, en Chocó, confirman que las Fuerzas Militares de Colombia reactivaron su operatividad, algo necesario en un momento en el que el crecimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley es evidente.
A raíz del proceso de negociación con las Farc, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos replegó a las Fuerzas Armadas, dejando vastos territorios del país a merced de las organizaciones que se disputan el control del narcotráfico y la minería ilegal, con nefastas consecuencias para las comunidades que habitan en estas zonas apartadas y para la seguridad nacional, pues estos grupos al margen de la ley afianzaron su control.

En ese sentido, el reto que tiene el Gobierno del presidente Iván Duque es muy grande y, ahora que las Fuerzas Militares recuperaron la iniciativa, la ofensiva contra estas organizaciones debe ser permanente, pues hay que evitar que sigan sembrando terror en las comunidades rurales e impedir que se consoliden y se conviertan en una amenaza que llegue también a los centros urbanos.

Además de que la ofensiva de las Fuerzas Militares contra estas agrupaciones debe ser permanente, es necesario que vaya más allá de neutralizar a los cabecillas, pues cada vez que uno de estos criminales es capturado o dado de baja, automáticamente surgen uno o varios reemplazos, por eso es necesario desarticular las estructuras y evitar que las bases crezcan.

La sociedad colombiana debe ser consciente de que hay una amenaza muy grande y respaldar de manera decidida las acciones de las Fuerzas Militares contra los agentes del crimen, pues son necesarias.

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