Para mañana está convocada una nueva jornada de paro nacional, la cual genera preocupación por varios aspectos, entre ellos la incidencia que tendrán las movilizaciones en la propagación del covid-19, cuyos contagios están de nuevo en ascenso en nuestro país, ya la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que las manifestaciones y revueltas que se presentaron el mes pasado en la capital de la República dispararon la transmisión del coronavirus en esta ciudad.

También preocupa el efecto que tendrá la jornada de parálisis en la resentida economía nacional, esto sin contar la tensión que genera la posibilidad de que se presenten hechos de vandalismo y violencia que pongan en riesgo vidas y bienes, como ocurrió en convocatorias recientes, que derivaron en desmanes que dejaron muertos y grandes destrozos.

En ese sentido, esta nueva jornada del paro debe desarrollarse bajo dos premisas: la primera, que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y, la segunda, que el mismo Estado debe intervenir e interrumpir cualquier manifestación que no sea pacífica, pues tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos que se vean amenazados por actos vandálicos y/o violentos.

La opinión pública colombiana debe cuidarse de caer en el error de validar las vías de hecho y, sobre todo, las agresiones como medios de protesta, por el contrario, se necesita que la sociedad rechace los métodos violentos y no preste oídos a quienes pretenden disfrazar el caos y la anarquía con supuestas buenas intenciones, porque nada bueno puede salir de quienes tratan de imponerse por la fuerza y con tal de hacerse notar destruyen en minutos lo que a otros les ha tomado años construir.

Los organizadores del paro deben garantizar al país que la jornada será pacífica, esa es su responsabilidad.

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