Abuso policial, exceso del uso de la fuerza pública, la muerte del ingeniero-abogado Javier Ordoñez se parece a la muerte de George Floyd en los EEUU, extralimitación de la fuerza para reducir o doblegar una persona que cometió una infracción, ni siquiera un delito; grabación en video, circulación en redes sociales, indignación popular, protestas, manifestaciones, reclamos y en medio de todo aparece el vandalismo. Un remolino sangriento hemos visto en los medios de comunicación en los días siguientes a la muerte por electrocución y golpes a un padre de familia. Podría pensarse que los poderes ejercidos por la policía para el control sanitario de la pandemia concentrados en las calles, durante las cuarentenas escalonadas desde marzo, los hizo empoderar y se desfasaron o se confunden de Estado, creen que se diluyó la Democracia o en verdad se está disolviendo camino al autoritarismo.

Otra mirada es esta: las manifestaciones exaltadas de la población porque ven el caso de Javier Ordoñez como el espejo de lo que a cualquiera le puede ocurrir en un evento callejero, o sea el peligro extendido. Pero la crudeza del asunto lleva a pensar que el cúmulo de carencias evidenciadas dentro del término de la pandemia, la no llegada del aporte solidario a los que ni figuran en el SISBEN, los obstáculos para obtener la Renta Básica, la recesión generalizada, el manejo equivocado de los bancos que asfixian a la población, el destino de los dineros para la recuperación de Avianca y no de los microempresarios, el desempleo galopante, las masacres de jóvenes sin esclarecerse , la paz obstruida, etc hacen que la gente reaccione y ante un florero de Llorente como esta ejecución pública , los ánimos de caldean y se presenta el estallido social.

En tres artículos de prensa publicados entre abril y mayo de este año, parcialmente aquí en el Diario Occidente y en las revistas virtuales Caja de Herramientas y la Revista Sur, preví ese estallido social, ante las protestas que se venían dando por física hambre y ante el desespero por el encierro, expresando que : El coronavirus ha destapado todas las falencias del Estado y de la sociedad. En Colombia la incapacidad administrativa, la falta de políticas públicas de bienestar social, la corrupción que desvío los recursos con los cuales habría podido desde hace décadas hacer se justicia social, la mezquindad de los gremios económicos, el neoliberalismo desbordado, la ausencia de planeación administrativa de los recursos, la no realización constitucional del Estado Social de Derecho,etc,todo se represó y ante esta calamidad por el contagio de un virus galopante, el coronavirus, todo está aflorando para mostrar esa falencias.

Estas revueltas o brotes de explosión social produjeron disturbios y llegaran a actos de violencia sino se atiende a la población necesitada. Reclamación social con actores no ideologizados, movidos por la desesperación, la necesidad y el hambre. Sectores informales y semiformales respecto al trabajo y la libertad de oficios; miembros de la tercerización económica, desempleados, integrantes del precariado; personas que no tienen ahorros, empleo ni ingresos; o desempeñan oficios sin estabilidad que ante las restricciones no los pueden ejercer al no salir a la calle por la cuarentena. Estas revueltas son diferentes a las protestas sociales antes de aparecer el coronavirus. Esas protestas sociales motivadas por otras inequidades, el paquetazo de la reforma tributaria, el pretendido desmonte de Colpensiones, la justicia sin eficacia, han sido promovidas por sindicatos, movimientos sociales, líderes académicos, y surgidas desde la base popular.

Dije que no eran revueltas de inspiración ideológica o movidos por “agitadores especializados”, o grupos políticos que quieran desestabilizar al gobierno nacional ni a los gobiernos locales; no se trata de vándalos prepago, ni enemigos agazapados de los gobiernos en cada ciudad, o terroristas camuflados. Son personas del ámbito de la economía terciaria, miembros del precariado, excluidos, marginados, sin techo, desempleados, que llegaron a la situación límite: el encierro sin comida, ni ingresos. No teniendo nada han tenido antes la posibilidad de salir a la calle para ejercer el rebusque diario. Ahora, con la cuarentena no podrán ofrecer sus oficios, sus mercancías, y otros productos.

Son víctimas como todos lo somos de una pandemia transportadora de un virus como enemigo invisible, raudo y letal. Y la cuarentena es una medida sanitaria necesaria. Pero ellos no tienen reservas, ni un plan B. A los revoltosos sociales no se les puede endilgar delitos por el hecho de reclamar (distinto a quienes sean individualizados por hechos concretos); el tratamiento no puede ser criminalizarlos, hay que resolver de inmediato el tema de la alimentación, no con discursos ni oriflamas: con abastecimiento.

Las revueltas sociales seguirán porque no hubo previsión para subsidiar a esta población en épocas de “normalidad”, y menos previsión para atender una pandemia inesperada e inédita con amenazas a la salubridad nacional. Pueden surgir disturbios, reyertas, resquebrajamiento del tejido social. La entrega de mercados y ayudas, sin censos, sin logística adecuada, solo con la base de datos del SISBEN, puede salírsele de las manos a muchos municipios, reapareciendo los disturbios, revueltas y reclamos airados. El problema para los protestante y para las autoridades que controlan el orden público es el de la filtración de vándalos en las protestas que, no tienen conciencia del daño que le hacen a los ciudadanos airados por la situación de orden público y la crisis económica.

Pero si hubiese existido un desarrollo legislativo para hacer realidad es Estado Social de Derecho, es decir hacer efectivos los derechos sociales, culturales y económicos de la población (artículos 42 hasta el 77 de la Constitución), con auténticas políticas de bienestar y prosperidad social en estos 28 años de vigencia de la Constitución de 1991, no estaría pasando esta emergencia que puede ser más caótica. Las políticas de bienestar de estos seis gobiernos neoliberales no han sido integrales ni sistemáticas, sino saltuarias y a medio camino. Y los programas de bienestar hasta ahora adelantados se han ejecutados torticeramente para instrumentalizar a los marginados, políticamente. Con censos y asistencialismo miserabilista para volverlos sujetos políticos de campañas electorales, atraídos con auxilios diseminados para captar sectores sociales y volverlos adherentes de una forma de gobierno que no los reivindica socialmente.

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