En medio de los planes de contingencia para afrontar el Covid-19, lo que ha obligado a revisar y ajustar presupuestos públicos, preocupa que el virus proveniente del lejano oriente se mezcle con un mal endémico de nuestro país: la corrupción.

Esta sí que sería una mezcla mortal, tanto o más peligrosa que alcohol con gasolina, pues si los recursos destinados para fortalecer la atención hospitalaria y atender a la población vulnerable no llegan a sus destinos oficiales, las consecuencias en materia de propagación de la enfermedad y de muertes a causa de la misma podrían ser catastróficas.

Históricamente las inversiones en salud y la asistencia a la población de escasos recursos han sido las puertas a través de las cuales los ladrones de cuello blanco han desangrado al Estado. En Colombia abundan las historias de hospitales en ruinas, pese a millonarias inversiones, o también aquellos en los que los insumos, equipos y medicamentos son adquiridos por precios cuatro o cinco veces más altos a los reales. Y ni qué decir cuando se trata de comprar comida para darle a los pobres, hay casos tristemente célebres, indignantes y vergonzosos, como una pechuga de pollo facturada a $40 mil, valor que no alcanza ni un pollo entero.

Con estos antecedentes, es necesario que haya una activa veeduría ciudadana a cada una de las partidas que desde la Nación, las gobernaciones y las alcaldías se asignen para atender las diferentes contigencias surgidas por el coronavirus.

Este papel le corresponde a los órganos de control, pero también los antecedentes de inoperancia de éstos producen desconfianza. Ojalá en esta oportunidad la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría estén a la altura de las circunstancias e inspeccionen con lupa cada peso asignado para esta emergencia.

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