Preparándonos para morir

El gobierno nacional, a través de su Ministerio de Salud, acaba de unificar el POS del régimen contributivo con el subsidiado, que, seguramente, va a beneficiar a un poco más de once millones de compatriotas, cumpliendo así, la Sentencia T-760 de julio del 2008 de la Corte Constitucional. La intención, aparentemente, es buenísima pero, debió aplicarse, de manera progresiva, desde el año 2001. Los gobiernos se hicieron los vende jabón y solo ahora, de un totazo, el gobierno de Santos, interesado en una bendita reelección, la hizo realidad. El problema ahora es, como diablos se va a responder técnica y financieramente ante semejante magnitud de compromiso, cuando las condiciones del sistema de salud son adversas y las mismas han colapsado por causa de la corrupción y por la falta de compromiso del gobierno y del Estado en general. Todo el mundo en Colombia es conciente que la Ley 100 no tiene razón de ser, por que ésta antes que prestar un servicio garantista a los colombianos se convirtió en un negocio con el que particulares ambiciosos y sin escrúpulos, se llenan de plata. Pervirtieron el sistema y ahora estamos viendo hospitales enfrentados a profundas crisis financieras porque las EPS, clínicas y gobierno, no les pagan sus servicios.

Aquí en vez de construir más hospitales se están cerrando o, vendiendo a particulares, privatizando cada día más un servicio al que los gobiernos están obligados, constitucionalmente, a prestarle a sus conciudadanos; lo que existe es un desorden innegable que están aprovechando quienes tienen cierta relación con políticos o con altos funcionarios dispuestos a hacer parte del negocio, mientras los colombianos pobres están sufriendo las consecuencias de un mal servicio o mala atención. Calisalud es un ejemplo de eso. Lo que el país necesita con urgencia es cambiar el modelo, y debe empezarse por reformar la Ley 100, convertida en una pesadilla muy dolorosa.

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