Hablar de la crisis de la justicia en Colombia se ha vuelto un tema recurrente cuando se trata de analizar el sistema judicial. Mucho se ha dicho sobre los males que aquejan a la justicia, sin embargo cuando se busca una cura a través de reformas, los esfuerzos se centran en el gobierno de la Rama, la estructura y funciones de las altas cortes.

Los fracasos de las reformas que se plantean en cada gobierno tienen un mismo origen, no se llega a un consenso con los directamente afectados con los cambios en el sector judicial. Las iniciativas se han dedicado a reestructurar la cúpula de la Rama dejando de lado las dificultades de los usuarios en el ejercicio de acceder a la administración de justicia.

La mayoría de los asuntos que se requieren para mejorar la justicia se lograrían sin el trámite de un acto legislativo que es más dispendioso, con el riesgo de ser declarado inexequible por sustituir la Constitución. A través de una ley estatutaria podría encontrarse la solución para los problemas cotidianos de la justicia como la mora en la resolución de conflictos, sistemas tecnológicos insuficientes y obsoletos, falta de garantías procesales para las víctimas, inseguridad jurídica y congestión en los despachos, entre otros.

El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, crear una jurisdicción que se encargue de resolver las acciones constitucionales y especialmente las tutelas, que son las que generan mayor congestión, y definir una política criminal clara que atienda las necesidades de la ciudadanía son opciones que deben ser observadas para responder a las exigencias de los colombianos que piden una justicia eficiente y oportuna.

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