En el tema de las plataformas digitales para el servicio de transporte, tipo Uber, la solución no está en su prohibición, sino en su regulación.

Los servicios ofrecidos a través de aplicaciones móviles son una realidad imparable que obedece a los cambios introducidos por la tecnología; por lo tanto, en un mundo cada vez más virtual, interconectado y ágil, resulta absurdo limitar las nuevas maneras en las que se ofrecen y consumen productos y servicios.

En ese sentido, prohibir Uber y demás aplicaciones de transporte, es ir en contra de la corriente. Sin embargo, al tratarse de un servicio público, es claro que, como todos los demás, debe ser regulado por las autoridades y a los vehículos se les deben exigir unas condiciones que garanticen la integridad de los usuarios.

Ahí, precisamente, radica el problema con Uber, en que se genera una competencia desequilibrada con los taxis. Mientras los vehículos de servicio público convencional deben cumplir con unos requisitos que encarecen su operación, entre ellos la compra de un cupo que cuesta más que el propio carro, los que operan a través de aplicaciones móviles tienen condiciones de servicio particular, lo que les permite ofrecer mejores tarifas.

La tarea del Gobierno Nacional es encontrar un equilibrio entre los dos modelos, para que unos y otros puedan operar, pero en igualdad de condiciones.

Ante lo anterior no se debe hacer a un lado la discusión sobre la calidad del servicio, un tema en el que el gremio de taxistas debe estar dispuesto a escuchar y a aplicar cambios, pues las plataformas tecnológicas introdujeron a esta modalidad de transporte urbano conceptos de comodidad, seguridad y atención que los usuarios no dejarán de exigir.

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