Colombia no puede seguir siendo un país en el que muchos validen los asesinatos como una forma de “arreglar” cuentas.

Las muertes de Jhonatan Borja e Iván Giraldo, dirigentes políticos de Candelaria que fueron asesinados en Palmira la semana pasada, no pueden sumarse a la larga lista de crímenes impunes que avergüenzan a nuestro país.

Este llamado no se debe al rol que cumplían las víctimas, pues se podría pensar que se hace por su condición de políticos, el llamado obedece a que en Colombia se debe dejar de ver cada muerte violenta como una cifra más, como otro expediente para los anaqueles del olvido.

El historial de violencia en nuestro país no conoce color político ni condición social, para muchos colombianos matar es una forma “valida” de resolver problemas y diferencias, y eso es algo que, como sociedad, debemos cambiar.

En un país en el que se mata con tal facilidad (el año pasado hubo 10.468 homicidios), proteger a todos los ciudadanos resulta imposible. En ese sentido, la lucha contra las muertes violentas, además de acciones policiales y judiciales, requiere un trabajo sostenido y de largo plazo que lleve a los colombianos a revalorar la vida, a reconocerla como sagrada.

La impunidad alimenta la cultura de la muerte, por un lado, porque los criminales saben que son mínimas las posibilidades de ser capturados y condenados por sus acciones, y, por el otro, porque estimula la mal llamada “justicia” por mano propia, que justifica la venganza.

Colombia debe ser un país que no categorice las muertes violentas. La vida del político, del líder social, del empresario, del joven de barrio y de todos los colombianos en general debe tener el mismo valor, el Estado y la sociedad deben rechazarlas con las misma vehemencia y castigarlos con la misma contundencia. Cuando eso ocurra, le ganaremos terreno a la muerte.

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