En medio de las complejidades que se deben superar para lograr su extradición a Colombia, la captura de la Aida Merlano en Venezuela es una buena noticia para nuestro país, pues abre la posibilidad de que la excongresista responda por sus delitos y entregue información valiosa a las autoridades colombianas.

Ahí, sobre todo, está la importancia de Merlano para la justicia; es claro que la excongresista no actuaba sola y que no fue la única política que se benefició del sistema de corrupción electoral que creó en al menos tres departamentos de la costa Caribe, por el que fue condenada a 15 años de prisión.

La forma en la que se dio la fuga de Aida Merlano en Bogotá, el pasado 1 de octubre, despertó sospechas sobre la posible ingerencia de poderosos personajes que podrían haber intervenido para facilitar su escape y así evitar que delatara a otros políticos.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales colombianas deben hacer todo lo posible para que Merlano regrese al país.

Sin embargo, preocupa que el Gobierno Nacional pretenda tramitar la extradición de Aida Merlano ante el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien, aunque tiene el reconocimiento de 60 países, incluido el nuestro, en la práctica no gobierna y no tiene ninguna injerencia en este tipo de trámites. Quiérase o no, la suerte de la excongresista está en manos del régimen de Nicolás Maduro.

No tendría ninguna justificación que, por las diferencias con el régimen chavista, Merlano quedara libre de nuevo y Colombia dejara pasar la oportunidad de hacer justicia y de enviarle un mensaje contundente a los políticos corruptos.

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