Tal parece que en este país está permitido lanzar papas explosivas, bombas molotov, quebrar vidrios y rayar paredes de propiedades públicas y privadas, y, también, apedrear policías.

Así lo sugiere que, protesta tras protesta, los agresivos vándalos que son detenidos por las autoridades queden libres pocas horas después sin que respondan por los daños ocasionados por sus desadaptados comportamientos. ¿Por qué? ¿Hay errores en los procedimientos judiciales? ¿Hay vacíos jurídicos? ¿O en este país es válido agredir y destruir como mecanismo de protesta?

A los vándalos se les pueden imputar diferentes cargos, según sus acciones, como, por ejemplo, violencia contra servidor público, obstaculización de vías públicas, lanzamiento de objetos peligrosos, daño en bien ajeno y hasta tentativa de homicidio. En ese sentido, resulta incomprensible, inexplicable e inadmisible que quienes siembran caos y causan daños a personas y bienes, no reciban ninguna sanción por parte de las autoridades y tampoco reparen los males que ocasionan.

No sancionar estas conductas se convierte en un estímulo para que a la luz de la protesta los desadaptados hagan lo que les dé la gana, poniendo en peligro a otros ciudadanos y afectando la cotinianidad de miles de personas.

Para evitar vacíos jurídicos y dudas que impidan que los vándalos reciban una merecida sanción, es necesario sacar adelante un proyecto de ley que establezca claros castigos para quienes utilicen la protesta como escudo para agredir y dañar. Además de penas con privación de la libertad, estas personas deben reparar con su propio patrimonio los daños que ocasionen.

Ahora que algunos sectores con fines políticos se proponen estimular la protesta permanente en el país, urge tomar medidas para que los vándalos no siembren pánico, caos y destrucción.

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