Algunos siguen defendiendo la teoría de que hay que buscar una salida concertada al aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país, una salida que se base en la sustitución voluntaria y en el impulso de proyectos productivos en las zonas sembradas de coca y marihuana.

Una salida que tampoco contemple la fumigación con glifosato. En agosto del año pasado la gobernación suspendió la erradicación forzosa en zona rural de Jamundí buscando una concertación con los cultivadores, en octubre fueron asesinadas 4 personas y la semana pasada otras cinco por enfrentamientos entre grupos que se disputan el territorio.

Esta situación de violencia evidencia que quienes están en el negocio del narcotráfico no están interesados en salirse de él o en dejar que los “campesinos” lo hagan. Es soñador pensar que con “emprendimientos de mini cultivos” vamos a combatir un negocio trasnacional tan lucrativo. Se estima que en zona rural de Jamundí, caracterizada por su difícil acceso, hay cerca de mil hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Cuánto rentabilidad producen? Las administraciones locales tienen poco maniobra en el combate de este flagelo porque Colombia ya no tiene una política antidrogas clara.

El acuerdo de La Habana y los fallos de las cortes sobre fumigaciones pusieron a las autoridades en un limbo al respecto. Una situación que ha generado nuevas violencias que no queremos afrontar. Muchas de las muertes de líderes sociales están vinculadas también a estas disputas territoriales. Como Estado estamos llegando a un punto en que es imposible evitar las muertes sino abordamos el origen del problema.

Es prioritario pensar una política antidrogas coherente, sin carga ideológica, sabiendo que el problema es global y que no podemos seguir creyendo en los cuentos de hadas que algunos echan.

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