El contralor del Valle del Cauca, José Ignacio Arango Bernal, presentó un balance de su gestión al frente del órgano de control departamental.

“Desde el inicio de mi gestión como Contralor, me propuse hacer de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, una entidad reconocida por los vallecaucanos por su gestión y resultados obtenidos en la vigilancia y control de los recursos del Departamento; más aún, cuando en los últimos tiempos el control fiscal territorial ha sido cuestionado a nivel nacional, sin que sean tenidos en cuenta los beneficios obtenidos a través de los ejercicios de control, encaminados a mejorar la gestión de las entidades públicas”, afirmó el Contralor.

En el período enero de 2016 a julio 31 de 2019 se llevaron a cabo 1059 auditorías, entre las modalidades regulares, especiales y exprés, un 25% más que en el cuatrienio pasado. Estas acciones de control dieron origen a 3120 hallazgos administrativos, de los cuales 1026 fueron disciplinarios, 82 penales y 260 fiscales por un presunto detrimento de $284.502 millones aproximadamente.

Según el Contralor Arango, los ejercicios auditores que más impactaron la gestión pública del departamento y de los municipiosen estos 4 años fueron:

Gobernación del Valle

La auditoría al cierre fiscal de la Gobernación realizada en el año 2016, motivó la re-categorización del departamento.

En esta oportunidad se evidenció que el Departamento se categorizó como especial, desconociendo la certificación de la Contraloría General de la República que lo ubicaba en categoría primera.

Cabe señalar que posteriormente, en la vigencia 2016, el Departamento logra la categoría especial cumpliendo realmente con los requisitos, y así se mantiene hasta la fecha.

Contratación pública

En esta actividad tan sensible a las malas prácticas, se detectaron en términos generales deficiencias relacionadas con el cumplimiento del principio de planeación, publicación extemporánea o no publicación de la totalidad de las actuaciones de la contratación en el SECOP, excesiva contratación directa y deficiencias en las actividades de supervisión.

Contratación de obras

También cabe resaltar que mediante los procesos auditores y de atención de denuncias ciudadanas, se logró que los contratistas disminuyeran el porcentaje cobrado por el ítem de Administración, Imprevistos y Utilidad AIU, en un porcentaje promedio del 6%, toda vez que lo estipulaban de manera general en un 8% y en la actualidad lo están asumiendo entre el 0% y 2%, optimizando el recurso para la contratación.

Igualmente, se logró que se diera cumplimiento al Art. 100 de la Ley 21 de 1992, en relación con el no pago del valor del IVA en los contratos suscritos en obra pública. Lo anterior permitió que las entidades realizaran mayor inversión en pro de la comunidad.

Hospital Universitario del Valle

Desde el inicio del cuatrienio, a través de ejercicios auditores, se identificaron varias problemáticas y deficiencias en aspectos financieros y administrativos del Hospital, que conllevaron a la suscripción de planes de mejoramiento, los cuales fueron insumo para la toma de decisiones por parte del gobierno departamental, como la entrada en la Ley 550 o ley de reestructuración de pasivos, con el fin de facilitar la reactivación de la entidad.

También se tomaron otras decisiones como la suspensión de algunas tercerizaciones que fueron cuestionadas por el Ente de Control Departamental.

Adicionalmente, en actuación de vigilancia y control especial al proceso de facturación y glosas, en la vigencia 2018, se evidenció que en materia financiera el hospital presentaba facturas glosadas desde la vigencia 2008, las cuales según información obtenida fueron objeto de conciliación con los diferentes clientes del hospital y una ineficaz gestión de cobro, determinándose un presunto detrimento patrimonial de $40.000 millones aproximadamente.

Por esta razón, el ente hospitalario también suscribió un plan de mejoramiento que se espera permita disminuir el nivel de glosas que afectan sus finanzas.

Algunos casos destacados

Municipio de Jamundí: La Contraloría evidenció que el plan de acción específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por el fenómeno del Niño en el año 2016, así como varios de los contratos que se sometieron al régimen contractual excepcional, no se relacionaban directamente con la estrategia de respuesta que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Jamundí consideró, ni con el decreto de calamidad pública que el alcalde expidió.

A su vez, se evidenció que las obras realizadas en virtud de la calamidad pública apuntaron a necesidades detectadas con antelación al hecho natural de las fuertes lluvias y vendavales que azotaron al municipio.

Estas situaciones dieron origen a la suspensión del alcalde municipal y a la toma de decisiones administrativas desde el nivel central del Departamento que conllevaron a mejoras en los procesos y en la gestión del ente territorial.

Hospital Piloto de Jamundí: En esta entidad hospitalaria se presentó una violación a la normatividad aplicable en lo referente al principio de austeridad del gasto público, toda vez que no se realizó una debida planeación contractual que justificara el viaje realizado por 76 funcionarios a República Dominicana, generando un detrimento al patrimonio público por valor de $244.465.805.

Cabe resaltar en este caso que la Contraloría durante el mismo cuatrienio determinó los hallazgos, adelantó el proceso de investigación fiscal de manera diligente y logró emitir fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia.

Infituluá Y Hospital Rubén Cruz Vélez: En atención a una denuncia ciudadana, se evidenció que estas entidades del municipio de Tuluá, no estaban recaudando el dinero de las estampillas Pro-Universidad del Valle, Prohospitales y Prouceva, como lo determina la normatividad vigenteestableciéndose presuntos detrimentos que se calcularon con base en valores certificados por la Unidad Administrativa de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento en $1.090 millones aproximadamente para Infituluá y $66 millones aproximadamente para el Hospital Rubén Cruz Vélez.

Es importante señalar que Infituluá, tras proceso de responsabilidad fiscal, ya efectuó pago por $220.451.000, y el Departamento actualmente está ejerciendo las labores de cobro.

Hospital de La Cumbre: En este municipio se identificaron irregularidades en la contratación de un abogado externo para el recaudo de los tributos. La Contraloría en este caso emitió emitió tres fallos con responsabilidad fiscal, los cuales implican a tres responsables.

El detrimento asciende a $212 millones aproximadamente. Para su cobro ya se determinaron las medidas cautelares a los implicados. Es importante también hacer énfasis, en que al lograr el resarcimiento del daño patrimonial, éste recurso vuelve a la entidad afectada para inversión social.

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