El cargo de director del Inpec es el más sacrificado del servicio público en el país, por la cantidad de conflictos que maneja y la ingrata tarea de encargarse de las medidas de seguridad impuestas las personas sindicadas o condenadas. A los problemas de corrupción se suma la falta de infraestructura para la demanda carcelaria, escaso personal de guardia para vigilar a los detenidos, ineficiencia en la ejecución y una organización de trabajadores con 82 sindicatos que hace inmanejables las relaciones laborales.

La ingratitud de ese despacho quedó demostrada con la salida del general William Ernesto Ruiz Garzón, quien fue removido luego de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Un oficial con excelente hoja de vida y amplia experiencia en la Policía sacrificado por la fuga de uno de los 125.337 internos en Colombia. Por estas irregularidades que compromete a agentes del Estado tiene que haber responsables, pero ello se determina al final de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes.

La reforma al sistema carcelario no puede esperar. Es imperativo que el Congreso se ocupe de legislar para hacer un cambio en la manera como se administran dichos establecimientos.

Un déficit de personal para vigilar a los privados de la libertad en los 134 penales, sobrepoblación de 45.000 internos que se refleja en el hacinamiento del 55.95%, realidades paralelas en las reclusiones donde se dictan normas de comportamiento propias y un presupuesto insuficiente, hacen que el Inpec sea una institución sin dientes.

Si no existe una verdadera política penitenciaria, quien sea nombrado como director estará destinado a ser sacrificado cuando explote una de las tantas bombas de tiempo que yacen en el interior de sus muros.

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