El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que en primera instancia ordenó indemnizar a los presos de la cárcel de Villahermosa, en Cali, debido a las condiciones de hacinamiento en las que permanecen recluidos, amerita análisis y acciones que vayan más allá de la insólita noticia.

Según el Tribunal, el Estado les está vulnerando a los presos el derecho a la dignidad por las condiciones paupérrimas en las que se encuentra el centro de reclusión. Villahermosa tiene capacidad para dos mil internos, pero alberga a 5.974.

La sentencia, que será evaluada en segunda instancia por el Consejo de Estado, ordena el pago a cada recluso de un salario mínimo diario legal vigente ($27.604) por cada mes que haya pasado en la penitenciaría desde el 31 de julio de 2012.

Acá la discusión no puede girar en torno al reclamo de los presos; por graves que sean los hechos que los llevaron a la cárcel, les asiste el derecho a unas condiciones de reclusión dignas. El tema de fondo es la crisis del sistema carcelario, que cada vez es más grave y que está ligada a la crisis del sistema judicial y a los altos índices de inseguridad de nuestro país.

Las cárceles están a reventar en gran medida porque los juzgados no dan a basto para resolver la situación de quienes son puestos tras las rejas. Colombia tiene casi 11 jueces por cada 100.000 habitantes, y el estándar internacional indica que se requieren al menos 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Sin una reforma estructural al sistema judicial que optimice los recursos y agilice los procesos, y sin una política social que cierre la puerta de entrada al delito, este panorama, lejos de mejorar, será cada vez peor.

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