La lista de candidatos amenazados crece día a día. En Cali, Jamundí y Yumbo se han reportado peligrosas advertencias contra aspirantes a las alcaldías, intimidaciones que no pueden ser subestimadas ni mucho menos vistas como algo normal en época de campaña política.

El caso de Karina García, la candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, que había sido amenazada y fue asesinada junto a otras cinco personas, muestra lo que podría ocurrir si no se le presta atención a estos casos.

Lo preocupante es que mientras los ilegales tienen la capacidad de amenazar y cumplir, el Estado parece que no está en condiciones de garantizar la vida de quienes son objetivo de los violentos por su actividad política.

Según información entregada por la Misión de Observación Electoral, MOE, luego del 27 de julio de 2019, cuando cerraron las inscripciones para las elecciones del 27 de octubre, 23 candidatos han sido víctimas de violencia política, 17 han sido amenazados, un candidato a la Asamblea de Norte de Santander sufrió un atentado y cuatro candidatos a concejos han sido asesinados, uno de ellos en el municipio de Versalles, en el Valle del Cauca.

En un país en el que la impunidad supera el 90%, cualquier ciudadano, no solo los políticos en campaña, puede ser objeto de amenazas y atentados, pues los delincuentes saben que la inoperancia de la justicia juega a su favor.

El fenómeno de las amenazas a candidatos, entonces, es un reflejo de la lógica perversa de un país en el que la vida no vale nada, las diferencias se solucionan a bala, y quien dispara cuenta con un Estado que es cómplice por omisión.

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