El asesinato de líderes sociales está directamente ligado a los grupos armados que se disputan el control de los negocios ilícitos en los territorios otrora controlados por las Farc. Las víctimas tienen en común que están en zonas de cultivos ilícitos o minería ilegal, lo que avala esta hipótesis.

Con las muertes de los líderes sociales se ven las consecuencias del grave error que cometió el anterior Gobierno Nacional cuando, a la luz de las negociaciones con las Farc en La Habana, decidió replegar el Ejército.

Con las Fuerzas Armadas acuarteladas y las Farc en proceso de desmovilización, vastos territorios quedaron a merced de las disidencias de esta guerrilla, el ELN y las bandas criminales.

Lo anterior permitió que diversos grupos ilegales entraran a disputarse los negocios que manejaban las Farc, y en esa disputa a sangre y fuego los líderes sociales, que son quienes asumen la defensa de las comunidades afectadas, se convierten en objetivo de esos actores violentos.

En ese sentido, el único camino que le queda al actual Gobierno es adoptar una estrategia militar ofensiva contra esos grupos armados para tomar el control de los territorios en los que las comunidades están desamparadas.

Colombia no puede permitir que estas organizaciones emergentes se consoliden, si no se les pone freno, no solo continuará la racha de homicidios selectivos contra quienes se les oponen, sino que escalarán su violencia a otros escenarios.

Con un país que tiene 200 mil hectáreas sembradas de coca, la amenaza es cada vez mayor, y el precio de no contener este nuevo fenómeno puede ser un país incendiado por cuenta de quienes se disputan el manejo de las economías ilícitas.

Comments