Todavía no se disipa el impacto que ha tenido en la opinión pública los relatos presentados ante la JEP por al-gunos de los políticos y ex-militares que fueron secuestrados por las Farc y quienes le contaron al país cómo fueron reducidos a condiciones que desbordan todo el respeto sobre la vida y la dignidad humana, que la comunidad internacional ha edificado en normas que tipifican una serie de delitos que deben ser castigados y que no tienen prescripción para la Corte Penal Internacional.

Lo cierto es que la JEP tiene en sus manos la oportunidad de demostrarnos a los colombianos que actuará conforme a los mandatos e impedirá que la impunidad descalifique las razones que permitieron su fundación por fuera de la justicia ordinaria.

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales han dotado a la Corte Penal Internacional de una jurisdicción y competencia plena, para garantizar que los Colombianos pasemos del asombro y la indignación, a sentirnos gratificados porque el horror de lo descrito por las víctimas no va a recibir un baño de agua fría al ser reducida su tragedia y su secuestro a una mera fórmula de retención.

El ambiente, que todavía persiste y que se registra en la última encuesta Gallup, por ejemplo, es que los niveles de confianza en las bondades del acuerdo de la Habana y su implementación, no registran ningún perfil de favorabilidad, sino que los colombianos en más del 60%, ven con desconfianza y dudan de que se pueda llegar a generar una reparación efectiva por parte de las Farc, cuyos principales dirigentes, están incumpliendo material y políticamente sus compromisos de decir la verdad y reparar económicamente a las víctimas, pues todavía es incierta la situación de su fortuna, que según la Fiscalía llega a los 18 billones de pesos.

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