Hay que acabar con las concesiones a quienes presionan con vías de hecho y violencia.

El nuevo Gobierno Nacional no puede cometer el error en el que cayeron administraciones anteriores que validaron el peligroso discurso de la disputa por la tierra, que tantos problemas ha ocasionado en el país, especialmente en el departamento del Cauca.

Precisamente en la última semana se han dado manifestaciones que prueban la gravedad del tema: un grupo de encapuchados, autodenominados “defensores de la madre tierra” quemó un vagón de un tren cañero y también le prendió fuego a varios cultivos de caña de azúcar.

A este hecho, que raya con el terrorismo, se suman los choques entre miembros de dos pueblos indígenas (nasas y guambianos), que se han enfrentado varias veces en los últimos días, con saldo de al menos seis heridos, enfrascados en una disputa por el control de tierras.

Estas formas no se pueden admitir bajo ninguna circunstancia, quienes tengan reclamos sobre tierras deben hacerlos por la vía legal, no por las de hecho, y ni el Gobierno Nacional ni ninguna otra autoridad puede validar este tipo de acciones, porque al aceptarlas se estimula una espiral de protestas que, como ocurre en el Cauca, pueden salirse de las manos.

En el afán de desbloquear el paso por la vía Panamericana, el Gobierno anterior asumió compromisos con comunidades indígenas que no cumplió.

En adelante, debe ser un propósito del Estado no ceder ante este tipo de presiones, pues cuando se pactan imposibles, se corre el riesgo de generar mayores tensiones a futuro.

El derecho a la protesta social no faculta a quienes la ejercen a bloquear vías ni a agredir a otras personas ni a incendiar vehículos ni a arremeter contra la propiedad privada.

Cualquier hecho de este tipo debe ser sancionado, hay que sentar precedentes, o, de lo contrario, vendrán más hechos como estos.

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