En la estructuración de la política pública de seguridad para Cali se debe hacer una construcción colectiva.

Cali, sin duda, necesita una política pública de seguridad, por eso es una buena noticia para la ciudad que la administración municipal se haya propuesto diseñar el proyecto para ponerlo a consideración del Concejo.

Las ciudades necesitan políticas de largo plazo en la lucha contra la delincuencia, y Cali, que es una urbe compleja en esa materia, requiere un plan que articule a todos los actores, que defina rutas y acciones, responsabilidades y metas y, sobre todo, que garantice los recursos necesarios, pues hacerle frente al delito cuesta.

La experiencia del plan integral de movilidad urbana, otra necesidad que tiene Cali y que naufragó en el Concejo a finales del año pasado, porque se tramitó a la carrera, debe servir como referente para la estructuración del plan maestro de seguridad. Esta iniciativa se hundió por falta de socialización, porque no se escuchó a todos los autores en la estructuración del proceso y porque no tuvo en cuenta las consecuencias económicas que le traería a la ciudad el cobro de una tasa por el servicio de los parqueaderos.

Por eso, de antemano hay que pedirles tanto a la Alcaldía como al Concejo que en la estructuración y en el debate de la política pública de seguridad involucren a todos los sectores de la ciudad y que bajo ninguna circunstancia contemplen la creación de impuestos, contribuciones o tasas para financiarlo, porque el bolsillo de los caleños no aguanta un cobro más. El Municipio tiene ingresos suficientes que, si se redistribuyen con buen criterio, serán suficientes para la implementación del plan.

Además de la Policía, el Ejército y demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado, la academia, los comerciantes, los taxistas y las JAL tienen mucho que aportar en este tema, es la oportunidad de hacer una construcción colectiva en un asunto clave para la ciudad.

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