Dice el adagio “que una cosa piensa el burro y otra quien lo está enjalmando”. Pues algo parecido está sucediendo con el acuerdo de La Habana, firmado en el teatro Colón de Bogotá en medio del festejo del gobierno nacional y de políticos de la “unidad nacional”, amén de poderosos medios de comunicación, dueños de la inmensa pauta publicitaria del presupuesto central y de las medallas al mérito que impone el Presidente de la República.
Pues otra cosa es lo que sentimos los colombianos, sobre todo los que en el plebiscito del 2 de octubre votaron No, los que se abstuvieron y muchos del Sí, que hoy están arrepentidos.
Al menos eso es lo que han demostrado los familiares de los diputados del valle vilmente asesinados por la farc, exceptuando a dos o tres que trabajan en cargos públicos de la nación, que fueron a Cuba como víctimas, con todo pago, y ahora protestan por las 16 curules que se les va a entregar a la guerrilla sin pasar por la JEP y sin cumplir con otros puntos en los que se comprometieron.
Igualmente, muchos se preguntan por qué el precandidato Humberto De La Calle negó inicialmente ese punto del acuerdo, luego dijo que eso se podía hacer y finalmente aseguró que “le parecía una aberración.”
Esas no son actitudes de quién aspira a dirigir los destinos del país. Ahora salen los empresarios de peso a preguntarle al gobierno porque la JEP, de mayoría izquierdista y contratistas del gobierno de Santos, los tiene que investigar a ellos. Tremendo lío.
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