Muchas son las dudas que aún genera la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Legalmente ya comenzó a operar, pero aún no están creados los organismos ni elegidos los magistrados que la aplicarán.
Lo primero que se espera de la justicia transicional es que los 51 magistrados que la integrarán sean los mejores profesionales, que garanticen la transparencia en el cumplimiento de sus funciones, preocupación que aumenta con los últimos escándalos de posible corrupción en el sector judicial.
Dichos reparos tienen validez si se observan los objetivos que persigue la JEP, como son buscar la verdad, evitar la impunidad, procurar la reparación, dar seguridad jurídica y que se imparta justicia con la satisfacción de las víctimas.
Hay dudas por la competencia del Tribunal para la Paz por los procesos que adelantará a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto y por delitos conexos, vinculando a miembros de la Fuerza Pública y particulares que financiaron la lucha armada. La preocupación radica en empresarios y comerciantes que pagaron ‘vacunas’ o fueron extorsionados.
Es necesario evitar excesos de dicho Tribunal, pero a la vez buscar la verdad. Que ese organismo tenga la libertad para cumplir con todos sus postulados sin que haya sustitución de la jurisdicción ordinaria.
También hay que destacar que la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia transicional, por eso debe tener un límite en el tiempo.
Celebro, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, acuerdos de paz que pongan fin a guerras sin sentido, pero en el principal componente del posconflicto que es la JEP, no se puede sacrificar su razón de ser, esto es, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
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