La judicialización de presuntos involucrados en casos legales que permiten amplia visibilidad mediática es un peligro que se cierne sobre nuestra sociedad.
Desde la época de las acusaciones en contra del único diputado del Valle sobreviviente de los secuestrados por la insurgencia venimos observando un incremento en casos con tinte de propaganda para disipar fracasos por ineficiencia del aparato de justicia o para desviar la atención ante escándalos de calado mayor que involucran a personajes de la vida nacional.
Hoy en día el bombardeo de información imprecisa, mundana o concentrada en pro-blemas políticos de países vecinos, fomenta una opinión pública maleable lo cual facilita el ejercicio de comunicar datos sometidos a las ligerezas de unas autoridades sedientas de mostrar o desviar resultados.
Así, flaco papel hacemos los medios de comunicación a la sociedad, cayendo bajo el influjo del sensacionalismo creado desde el escritorio de un burócrata con afán de protagonismo o cumpliendo encargos para distraer la atención de la ciudadanía. Personas tildadas de paramilitares o de subversivos han desfilado por esa deshonrosa tribuna mediática perdiendo su reputación, transformando de manera desagradable el rumbo de sus proyectos de vida.
Ante este panorama debe imperar el papel crítico de todos los comunicadores sobre la sed de noticias amarillistas que desdibujan el trabajo serio y juicioso del oficio, en donde se corroboran datos y reconfirman fuentes.
Además también debemos llamar la atención a los administradores de justicia para que recuerden que los fallos amañados por presiones destruyen vidas y desmoronan más la escuálida imagen de la justicia colombiana, asemejándonos con mayor certeza a la bananera republi-quita de Venezuela que tanto cuestionamos.
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