¡Acuerdo, carajo!

Un paro cívico de 21 días  en Buenaventura que comprometió la actividad comercial del principal puerto de Colombia, por donde pasa buena parte de la riqueza del país y alteró el amodorrado devenir de quinientas mil personas habitantes del distrito, logró levantarse gracias a un histórico acuerdo entre el comité central del paro y el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de la Gobernación del Valle.

El puerto de Buenaventura está enclavado en una de las realidades sociales más dramáticas de Colombia, muy a tono con la región afro del Pacífico: tasas de desempleo inadmisibles, ausencia de servicios públicos esenciales, debilidad o en muchos casos ausencia institucional, esto explica porqué una de sus principales reivindicaciones fue la creación de un fondo autónomo que administrará los 1.5 billones de pesos que costó el restablecimiento de su “normalidad”.

El paro le mostró a Colombia que Buenaventura no es solo un puerto y que su importancia no radica solo en que los buques atraquen impertérritos en sus costas, sino que existe una población que con “infinita resignación”, ha permitido que se exploten sus ventajas competitivas y naturales históricamente en su desfavor. Un buen ejemplo, es que su población no cuenta con agua potable en sus grifos, pero si se saca agua de sus ríos y cañadas, para ser vendida y exportada en bloque por compañías extranjeras.

Al grito sublevado del ¡pueblo no se rinde, carajo¡ su población por fin se conectó con la banderas del porvenir. Este acontecimiento sin precedentes cambiará para siempre la vida del Distrito y su perspectiva política también. Su grito de batalla marcó la ruta.

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