Recuerdo que como reacción a los hechos de violencia que ocurrían en el país hasta hace menos de dos años, la primera declaración de las autoridades era atribuir a las Farc la autoría de esos actos. Hoy, cuando sus excombatientes se encuentran concentrados en las zonas veredales transitorias, se registra una ola de violencia y ya no están las Farc para inculparlos, en una clara transformación del conflicto.
A las disputas por territorio que protagonizan bandas organizadas con el ELN, se suma el llamado “plan pistola” del “Clan del Golfo” que ha cobrado la vida de varios policías.
Todas estas situaciones violentas agravan el fenómeno del desplazamiento forzado, que tiene como principales afectados a los campesinos, afrodescendientes e indígenas. Justamente más de cinco mil nativos protagonizaron una manifestación denunciando el incremento de asesinatos de sus líderes por cuenta de la guerra territorial.
Las denuncias ponen al descubierto las amenazas contra comunidades indígenas de 12 departamentos. Con el avance de las organizaciones criminales, según declaran los mismos afectados, se están presentando acciones violentas sin ninguna clase de control.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expuso que en los últimos 15 años más de seis millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, impactando mucho más a los indígenas, en una manifestación del conflicto interno.
Las comunidades que integran las llamadas minorías claman por acciones de la institucionalidad, que les den garantías de seguridad y el Estado está en deuda con ellos. Por eso es necesario visibilizar la dimensión de los problemas que afrontan con las nuevas modalidades de violencia y que sean atendidos sus reclamos para ser incluidos en los programas del posconflicto.
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