El actual proceso de paz tiene enormes retos en los próximos años para consolidar por lo menos aceptablemente el acuerdo de La Habana:
La Jurisdicción Especial para la Paz es el punto central, la aplicación de la justicia transicional adecuadamente donde las víctimas y el país en general sientan que hubo justicia y no impunidad rampante como a veces pareciera es fundamental, por eso la salida en falso del secretario de la naciente organización encargada de administrar dicho organismo pone un punto desfavorable y genera mayor desconfianza.
La reintegración de guerrilleros a la vida civil depende en buena medida de que funcione esta justicia, que el gobierno cumpla con los apoyos económicos y logísticos, y que además los excombatientes puedan encontrar actividades económicas dignas que le generen ingresos que los alejen del camino de la violencia y la ilegalidad. Esta reintegración debe ser económica social y política, sin abusos por parte y parte, con la seguridad de no repetición de la infausta historia.
Capítulo aparte tienen los temas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos a los cuales se comprometieron tanto el Gobierno como las Farc, aunque son dos actores importantes de esta problemática no son los únicos y casi que no depende de ellos que se pueda erradicar y sustituir los cultivos ilícitos cuando hay tantos intereses económicos al respecto, la acción organizada de los campesinos cocaleros de Tumaco la semana pasada asi lo deja entrever.
Tendrá este y los sucesivos gobiernos que acometer acciones audaces para revertir la tendencia de aumento de estos cultivos y necesariamente contar con la participación de la comunidad internacional.
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