En medio de la zozobra que invade al país en el inicio del debate político con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año, que indudablemente se ven enmarcadas por los escándalos de corrupción de Odebrech, Reficar, entre otros, la incertidumbre causada por los acuerdos de paz y el disgusto enorme de la gran mayoría de los colombianos por el manejo económico, fundamentalmente en lo atinente a la reforma que aumentó la tributación a todos los Colombianos, la misión electoral contratada por el Gobierno y que hace parte de los acuerdos con las Farc, ha presentado unas iniciativas que a todas luces son inconvenientes y van en contravía del querer popular.
Pretender aumentar 62 congresistas más con el fin de darle participación a regiones que tradicionalmente han sido marginadas y protagonistas del conflicto, es equivocado, por el contrario, el querer político de la mayoría de los colombianos es que se reduzca el Congreso y que ojalá sea unicameral.
Crear otra supercorte electoral, en un país donde las numerosas cortes y tribunales existentes se han convertido en entes burocratizados, protagonistas de escándalos, ineficientes y tremendamente politizados, es también un planteamiento equivocado. La idea de suprimirle funciones a la actual Registraduria para pasar las atribuciones de la organización electoral a otro ente, cuando si algo ha funcionado bien en el país es la organización electoral, con las fallas que se le puedan atribuir, de las cuales no esta exenta.
Ojalá se recapacite en las necesidades reales de reforma electoral que requerimos, que pasan por la financiación de las campañas, listas ce-rradas al Congreso, seguimiento y depuración de listas.
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